Simplemente es ridículo el argumento del PRD de que resulta imposible que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en Guerrero, pretextando que el poder Legislativo y el Judicial de esa entidad están funcionando bien.
Y es que en el peor de los casos, el que puede declarar desaparecidos tres poderes, bien pude declarar desaparecido uno, lo que para efectos prácticos le daría la oportunidad al Congreso del Estado a nombrar un gobernador sustituto.
No hay vuelta de hoja. Es obvio que en Guerrero la situación rebasó al gobernador Ángel Aguirre.
Si el PRD insiste en seguir montado en su macho, terminará siendo visto como un partido repudiado, no solo por los guerrerenses, sino también por muchísimos ciudadanos de otros estados.
Y si aún así lo dudan, nada más es cosa de que se den una vueltecita para ver en qué condiciones quedó la sede del PRD en Chilpancingo.
De que se va… se va
Por otra parte, el PRI, el Verde, Nueva Alianza y el PAN decidieron posponer la declaratoria de desaparición de poderes en Guerrero, pero no en forma indefinida, sino para el fin de mes.
Supuestamente el compás de espera concedido es para que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renuncie al cargo de motu proprio, antes de que el Senado lo despida.
“No soy ratero, ni político ni narco”
El que anda que no lo calienta ni el sol, es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
Y todo porque no ha podido explicar de dónde salieron los recursos para construirse una casa de 20 millones.
Como argumento para su defensa dice que no es ratero, ni político, ni narcotraficante, como si todos los políticos fueran delincuentes y deshonestos.
Habría que hacerle varias recomendaciones al presidente de la CNDH.
La primera seria que no se enoje. Lo único que la gente reclama y tiene derecho a saber es de dónde proceden los recursos con los que Raúl Plascencia adquirió su casa.
La segunda, sería que respete el derecho humano de los políticos a no pasar por rateros, ni narcotraficantes, salvo prueba en contrario.
Y es que si todos los políticos fueran rateros o narcotraficantes, el presidente de la CNDH tendría que aceptar que el cargo que ostenta fue una decisión de delincuentes.
