Luego de que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, otorgara medidas cautelares a Oceanografía, de Amado Yáñez, para frenar la venta de Banamex, que aquí lleva Manuel Romo, finalmente podríamos ver un desenlace en esta historia que tiene ya casi ocho años sin un final contundente. Y es que, desde 2014, la institución bancaria no ha podido demostrar el supuesto fraude de 500 millones de dólares, realizado a partir de facturas irregulares y cuentas por pagar que involucraron a Pemex, hoy en manos de Octavio Romero. En donde, tanto el Gobierno federal –en tiempos de Enrique Peña Nieto–, como el poderoso banco Citigroup, de Jane Fraser, han tenido diversos reveses en sus reclamos judiciales en contra de la naviera mexicana.
Ahora, el caso toma nuevos bríos justamente con énfasis en Pemex, pues fuentes cercanas al exdirector Emilio Lozoya, hoy preso, aseguran que éste estaría dispuesto a declarar contra Luis Videgaray Caso para revelar que todo, desde un principio, se trató de un número orquestado por el exsecretario de Hacienda a fin de hacerse de la que fuera la naviera más importante del país, propiedad del empresario Yáñez Osuna.
Cabe recordar que en el momento en que la empresa fue intervenida por la administración anterior, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), contaba con 11 mil trabajadores en plantilla, 100 embarcaciones y un remanente de contratos por ejercer de 960 millones de dólares, sumado a la existencia de 42 contratos activos con Pemex, por un valor de trabajos a ejecutar de cuatro mil 600 millones de pesos, más 576 millones de dólares. De esa magnitud es el tamaño del pastel que deseaba cierto grupo de empresarios y políticos. Al tiempo.
SAT en deuda
En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, ya hicieron cálculos sobre lo recaudado en 2021, pero aún arrastran deudas del año pasado, y es que todavía no cubren los costos pactados con la firma Rapax por la limpia de sus instalaciones. De acuerdo con los afectados, la bolsa pendiente es por los meses de agosto, septiembre y octubre, sin embargo, el monto sigue en crecimiento ya que desde la empresa se asegura que no le han enviado la información necesaria para tramitar las facturas de noviembre y diciembre.
Entre los detalles sobre el retraso en la liberación de los recursos se sabe que los datos faltantes han sido solicitados en diversas ocasiones, además de que las facturas ya enviadas desde el pasado 24 de diciembre no presentaron alguna observación por parte de los funcionarios responsables de la vigilancia y administración del contrato CS-300-CM-N-A-PE-014/21, por lo que no se justificaría el impago de las mismas.
¿Amparo Chocolate?
Envalentonados los de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) analizan la posibilidad de presentar un amparo, luego de que el pasado 19 de enero entró en vigor la regulación de automóviles usados importados, mejor conocidos como “autos chocolate”. No se sabe exactamente qué trata de hacer Guillermo Rosales Zarate, presidente de la AMDA con este adelanto de estrategia jurídica tardía, pues llega cuando esto ya está en marcha. ¿Le funcionará la estrategia? Está de calidad dudosa, ya que no solo tendría que tener un sólido sustento, sino que también está en juego el cabildeo político, porque esto se dio por un interés y promesa de la “Cuarta Transformación”. De ahí que el camino parece muy empedrado. Veremos si les resulta.
Voz en Off
¿La historia se repite? Resulta que el sindicato United Auto Workers (UAW) está pidiendo a la compañía General Motors, garantizar que los trabajadores de sus instalaciones en Silao, Guanajuato, elijan libremente qué sindicato los representará en el futuro, y tendrían hasta el próximo mes para determinarlo. En el más reciente desencuentro, el INE tuvo que intervenir para transparentar sus procesos, lo que se aplaudió por la transparencia, pero deja abierta la posibilidad a que nuevamente se pida su intervención. Veremos…
