Del ministro Valls, todo o casi todo, podemos esperar, cerrando con éste un largo camino de asuntos especiales encomendados por la blanquiazul ineptocracia.
A ojos cerrados y con mano en la lumbre, cualquier mexicano hubiera adivinado a quién le asignarían tan aberrante controversia. Es un proceso antidemocrático que se gana con su mera admisión, ya que cumple el perverso objetivo de no publicar el ordenamiento en la presente administración.
Sin embargo hay que admitir que nuestros legisladores se han equivocado en proponer un juicio político, cuando lo que procede claramente es un desafuero. No es un tema bicameral, sino uno exclusivo de la Cámara de Diputados en el que ha incurrido Poiré, a quien solo debe quitársele el capelo previsto en la Constitución que él usualmente desconoce.
Si realmente a los diputados les importara eso que llaman soberanía, la harían efectiva convocando no a un periodo, sino a una sesión extraordinaria, para votar y botar al rebelde funcionario.
Recientemente el secretario de gobernación citó a periodistas para explicar una idea que al más sencillo comandante de policía de pueblo se le hubiera ocurrido en una tarde de descanso, las llamadas anónimas al C4. Pero aprovechó el foro para hacer un alegato adueñado del micrófono sobre las observaciones que solo esconden la falta de recursos públicos federales para cumplir con la ley, dado que “el sexenio de hidalgo” no dejó un centavo en las arcas.
El bajo cuño del trabajo jurídico campea a lo largo y ancho de esta administración con errores pueriles en materia legal y en cumplimiento de nuestra Carta Fundamental. No obstante ello, Poiré ha hecho suyas las recomendaciones de algún improvisado en derecho público, pensando que en cuatro meses ya estará ocupando un puesto de locutor en algún programa de concursos, por ello, debe pagar las consecuencias de su iletrado proceder.
Con el tiempo aprenderá que no es impostando la voz como se sirve a los mexicanos, sino haciendo un trabajo digno y eficaz.
La batalla que está por darse en la Corte no es solo la obligada e inaplazable atención a las víctimas, sino la posibilidad de que los funcionarios públicos sigan haciendo escarnio de la Constitución y del regreso de un presidencialismo autoritario, sustentado en un poder judicial que trabaja a modo de quien impone ministros.
Por eso, resulta de la mayor trascendencia que los legisladores tomen cartas en el asunto, al tiempo de percatarse que cualquier terna enviada por alderón para nombrar ministros, solo tendrá el efecto de perpetuar el compadrazgo y un legado de designaciones cuestionables en el fondo y en la forma.
Por supuesto que proponer a Alessio Robles, Gómez Mont, o peor aún, a personajes de menor rango jerárquico que le son afines, solo lleva la consigna de consolidar un grupúsculo transexenal en el único poder que no está sujeto al escrutinio público, ni a la conformación democrática. Será quizá el último presidente del PAN, pero el primer ex presidente con mayoría en la SCJN.