Si uno observa la currícula de Ricardo Amtmann notará que es uno de los empresarios más exitosos del país. Es el actual propietario y CEO de Sanfer Farma, un laboratorio con más de 80 años de historia y que ha crecido a tal punto que pasó del número 22 al cuarto lugar en el ranking del sector en México. Este monstruo farmacéutico cuenta con más de 9 mil empleados y presencia en 26 países, prácticamente en toda América Latina excepto Brasil, sin mencionar que desde México exportan productos de veterinaria a 18 países de Europa, África y Medio Oriente.
Su éxito y versatilidad se traslada a otros sectores como el de las telecomunicaciones y finanzas, pues también ha participado en los consejos de administración de Almacenadora del Valle de México, Hospital Bité Médica, Maxcom Telecomunicaciones, Acciones Bursátiles y Arrendadora Monterrey.
Anteriormente ocupó cargos directivos en IXE Grupo Financiero, Arrendadora Chapultepec, Casa de Bolsa Bancomer, Berol y Allergan. Sin embargo, detrás de este impresionante currículo, se esconde una trama llena de disputas familiares, conexiones con el poder político y demandas. De Mexicana de Aviación hoy solo queda el recuerdo de una aerolínea que siendo una de las más importantes de Latinoamérica, sucumbió a la quiebra y dejó a más de 8 mil 600 trabajadores sindicalizados y jubilados a la deriva.
Su extitular, Gastón Azcárraga, hoy sigue prófugo de la justicia debido a sus vínculos con los gobiernos panistas y priistas que le revocaron la orden de aprehensión que había en su contra. Lo curioso del caso es que Ricardo Amtmann, que incluso figuraba en la denuncia presentada por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores contra accionistas de Mexicana el 21 febrero 2014, hoy lejos de sufrir algún tipo de persecución por parte de las autoridades, sus empresas gozan de contratos gubernamentales y concesiones a su favor. Como la de la mina de Tezontepec, ubicada en el municipio de Jiutepec, Morelos, que acarrea múltiples denuncias ante la Procuraduría de Protección Federal al Medio Ambiente, de Blanca Alicia Mendoza, señalada de contaminar con cascajo, basura, desechos industriales y quema de farmacéuticos que han provocado problemas de salud a la comunidad indígena que la rodea, y cuya empresa responsable, Mexama, tuvo a Amtmann Aguilar entre su consejo de Administración.
Los conflictos han alcanzado a su familia. Hace algunos años, Javier Amtmann y sus hermanos Ricardo y Ernesto, promovieron una demanda en contra de Ricardo de nulidad de adjudicación sobre la Torre Chapultepec Uno, un edificio de 241 metros en Paseo de la Reforma. Los hermanos argumentaron que hubo diferendos en cuanto a consentimientos expresos sobre cómo tendría que desarrollarse y comercializarse el inmueble.
La acción legal impidió la comercialización de unos 16 mil metros cuadrados. Fuentes cercanas a la Unidad de Inteligencia Financiera señalan que la dependencia que comanda Pablo Gómez le tiene la mira puesta a este empresario por posible evasión fiscal y manipulación contable para lograr minimizar el pago de impuestos. De igual manera, presuntas violaciones a los derechos laborales, que han provocado huelgas y demandas por parte de los trabajadores en varias de sus múltiples empresas habrían hecho ruído en la Secretaría del Trabajo, que ahora lleva Marath Bolaños. En plena etapa de transición del Gobierno federal, parece poco probable que las autoridades vayan tras este empresario, quien extrañamente aún conserva un buen prestigio.
Sin embargo, no sería sorprendente que la nueva administración exija que Amtmann, a pesar de su buen prestigio aparente, responda por una serie de complicidades que ponen en entredicho su reputación.
Desafío de Citigroup
En la reciente sanción de 135.6 millones de dólares impuesta a Citigroup por la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de Estados Unidos, se pone de manifiesto la persistente lucha del banco por cumplir con los rigurosos estándares regulatorios en la gestión de riesgos y control de datos. Esta multa, que se desglosa en 61 millones de dólares para la Reserva Federal y 75 millones para la OCC, es un ejemplo de los continuos desafíos que enfrenta Citigroup, a pesar de los esfuerzos realizados desde la emisión de la orden de consentimiento en 2020.
El liderazgo de Jane Fraser, CEO de Citigroup desde 2021, ha sido crucial en estos momentos de turbulencia. Su compromiso de invertir los recursos necesarios para cumplir con las órdenes de consentimiento regulatorias refleja un enfoque proactivo, aunque los avances hayan sido más lentos de lo esperado.
A pesar de algunas mejoras, los reguladores han señalado que Citigroup no ha logrado resolver de manera suficiente los problemas de gestión de la calidad de los datos y la implementación de controles adecuados. Esto ha llevado a sanciones adicionales, lo que sin duda destaca la importancia de un sistema robusto de gestión de riesgos en una institución financiera de tal magnitud.
En octubre de 2020, Citigroup enfrentó sanciones significativas: la OCC impuso una multa de 400 millones de dólares, mientras que la Reserva Federal emitió una orden de cese y desistimiento. Estas acciones fueron consecuencia de deficiencias en la gestión de riesgos y controles internos, que se hicieron más evidentes tras el error de enviar por equivocación 900 millones de dólares a los acreedores de Revlon Inc. Este incidente no solo reveló fallos internos graves, sino que también tuvo repercusiones legales prolongadas.
Fraser ha declarado que Citigroup está comprometido a corregir las infracciones y cumplir con las exigencias regulatorias. Sin embargo, la multa reciente pone de manifiesto que aún queda mucho por hacer para alcanzar un estándar aceptable. La CEO ha enfatizado que el progreso no es lineal y que el compromiso de la entidad es firme en cuanto a destinar los recursos necesarios para completar la transformación. Su liderazgo será determinante en esta etapa crucial para uno de los bancos más grandes de Estados Unidos por activos.
Indiscutiblemente, el caso de Citigroup es un recordatorio de la importancia de la gestión de riesgos y control de datos en el sector financiero. La capacidad de Jane Fraser para navegar estos desafíos determinará no solo el futuro de Citigroup, sino también el panorama regulatorio y de confianza en la industria bancaria en general.
Voz en off
Hay tiro en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Arturo Reyes. La limpieza se ha tornado turbia, Gott und Glück ya perdió la proveeduría, en su lugar, el pasado viernes 28 de junio se adjudicó directamente a Armot Seguridad y Servicios Internacionales, empresa que presentaría nexos con José Juan Reyes Domínguez, de acuerdo con fuentes del nicho, y que cuando arrancó 2024 también había sido removida del servicio.
Desde el Instituto se alega que Gott und Glück ha incurrido en incumplimientos, mientras que desde la firma se informó al director que desde el arranque de labores en marzo pasado, nunca se recibieron detalles del personal, ni materiales, lo que habría resultado en que les intenten aplicar sanciones que se posicionarían 50 veces por encima de los costos proyectados; aunado a que la falta de conciliación ha detonado más de tres meses seguidos de impagos.
Así, además que los salarios no han llegado a los trabajadores, algunos testimonios apuntan a que los excesos del IPN tendrían detrás a Javier Tapia, el secretario de Administración expuesto por posible corrupción…
