“El Infierno” (Luis Estrada, 2010), es una película que busca retratar lo que en materia de relaciones entre el poder político y la criminalidad se registró en el sexenio del exprofesor de Harvard y ahora escritor, Felipe Calderón.
José Reyes (Ernesto Gómez Cruz), Mary Reyes (María Rojo) y El Jr. (Mauricio Isaac), conforman una familia criminal que controla a la autoridad municipal, así como a los cuerpos policiacos y, al final, se convierten oficialmente en el poder del municipio de San Miguel.
José y Mary Reyes, junto con el cura del pueblo y los jefes policiacos, son asesinados cuando encabezaban la ceremonia del Grito del 15 de Septiembre del 2010. Todo ocurrió en una comunidad imaginaria, con personajes imaginarios.
Viene la realidad: el anterior, por si no vieron “El Infierno”, es parte del contexto de lo ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero, población donde la realidad supera a la ficción o donde la ficción y la realidad lamentablemente continúan de la mano.
Fue en Ayotzinapa, dependiente del municipio de Iguala, Guerrero, donde murieron 6 estudiantes normalistas, 20 resultaron heridos y 43 fueron desaparecidos por la policía municipal.
Hoy, este grupo de estudiantes vivió o ¿vive? un infierno, gracias a la complicidad de grupos criminales y una autoridad municipal integrada por el matrimonio de José Luis Abarca Velázquez y María de Los Ángeles Pineda Villa, por cierto hoy prófugos de la justicia y con un amparo de por medio.
Entre “El Infierno”, película de Luis Estrada, y el infierno provocado por el perredista y presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, hay algunas salvedades porque en el caso de Ayotzinapa, la realidad supera el relato del cineasta mexicano.
En el trágico “guión” de Ayotzinapa, hay más protagonistas:
Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, quien extrañamente nunca supo o no quiso enterarse del origen de un militante del PRD que, de pronto, de la pobreza saltó a la riqueza y para sorpresa de unos cuantos, se convirtió en alcalde. No olvidemos que un mandatario estatal otorga el visto bueno para candidaturas a los cargos de elección popular, especialmente cuando se trata del mismo partido político.
Jesús Zambrano, como dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática y como integrante de la tribu Nueva Izquierda, impulsó a la esposa de José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, para convertirla el pasado 7 de septiembre, en consejera estatal del perredismo, pese a que fue advertido de la responsabilidad que su esposo, el alcalde prófugo, tuvo en el asesinato de otro perredista, Arturo Hernández Cardona.
Lázaro Mazón, actual secretario de Salud del gobierno guerrerense y dos veces edil de Iguala, recomendó a Abarca Velázquez para convertirlo en candidato a alcalde de ese municipio, sin tener carrera política.
Armando Ríos Piter, actual senador de la República, días antes de la elección, le levantó la mano a José Luis Abarca y a Óscar Díaz Bello, anunciando la próxima victoria. Ambos estaban enfrentados y Ríos Piter, fue el conciliador.
Carlos Navarrete, sucesor de Zambrano, cuya dirigencia nacional perredista murió en el momento de emitir dos desafortunadas declaraciones. La primera, cuando ofreció disculpas por haber postulado como candidato a Abarca Velázquez para presidente municipal; la segunda, al poner en la mesa la renuncia de Ángel Heladio Aguirre Rivero, junto con la de Egidio Torre, de Tamaulipas y la de Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México.
Además de exhibirse como chantajista, Carlos Navarrete mostró el talante del neo-perredismo del siglo XXI.
Este “dirigente” izquierdista desconoce el alcance de lo ocurrido en Ayotzinapa, la gravedad de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, las consecuencias que tiene para el Estado mexicano y, peor, la estrecha relación que hay entre criminales con algunas autoridades municipales en el territorio nacional.
Carlos Navarrete tiene una limitada visión política para evaluar los acontecimientos de Ayotzinapa, de ahí su reacción incongruente e irracional para tratar de salir del pantano en que el perredismo se ha metido en más de una ocasión, quizá por ignorancia, posiblemente por intereses creados.
Todos saben la historia de Greg Sánchez, alcalde de Benito Juárez, en Quintana Roo, que además fue consejero político nacional del PRD en el lapso 2011-2013.
Otro caso, el de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador michoacano, Leonel Godoy, fue metido clandestinamente al Palacio Legislativo de San Lázaro para hacerlo diputado federal por Michoacán, y con el fuero tratar de protegerlo de la justicia.
Para darle una pequeña idea de la tragedia de Ayotzinapa a Carlos Navarrete, la Organización de las Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han intervenido en este caso y exhortan a llevar a cabo una búsqueda seria y con eficiencia de los 43 desaparecidos.
Raúl Plascencia, otro de los protagonistas
En el guión del infierno desatado en Ayotzinapa, lo cual es una lamentable realidad, “aparece” un protagonista más: Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien recibió en sus oficinas a un grupo de 15 normalistas, donde se comprometió por enésima ocasión aclarar un hecho donde se violaron derechos humanos.
Plascencia no se ha ensuciado los zapatos, ni una mínima parte de su ropa. Una visita personal al municipio de Iguala, ante 43 desaparecidos, 6 muertos y 20 heridos, no sobra.
Su capacidad, no ha dado para más y su sometimiento a otras instancias hasta sobra.
No es nuevo que en nuestro país todo se politiza o es politizado. En el caso de la CNDH, institución en la que se avecina el proceso de cambio o ratificación del titular, Raúl Plascencia, actúa para despertar la conmiseración de los demás y se dice víctima de “un juego sucio” de parte de algunas Organizaciones No Gubernamentales que exigen un juicio político contra él.
Un rol sospechoso del senado
“Lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran y menos en un estado de derecho”, declaró entre otros Christof Heyns, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de la ONU.
Sin embargo, en un estado de derecho, la Cámara de Senadores, que se dedica a legislar en pro de La Patria, ha asumido un rol silencioso, omiso y hasta cómplice de lo ocurrido en Iguala, Guerrero.
El Senado de la República, ante los hechos de ingobernabilidad e impunidad que se registran en la entidad que administra Aguirre Rivero, ha sido incapaz de poner en marcha los mecanismos para establecer una serie de límites a Ángel Heladio.
Todo parece indicar que la permanencia del expriista, hoy perredista, como titular del ejecutivo guerrerense, ha sido negociada entre el PRI y el PRD en aras de la democracia y del respeto a la libertad y a la soberanía de las entidades federativas, lo que se traduce simplemente en una absoluta y total impunidad, cosa que no es una novedad en el sistema político mexicano.
Gamboa, Preciado y Barbosa, tienen la palabra.
¿En dónde y por qué perdieron la brújula los políticos?
De la represión del movimiento de 1968, que culminó con la matanza del 2 de Octubre, no hubo consecuencias y mucho menos culpables que pagaran por los muertos de Tlatelolco. Por lo tanto, nadie fue encarcelado.
De los muertos del 10 de junio de 1971, hechos violentos encabezados por los halcones, hubo “culpables” pero curiosamente ninguno de los personajes importantes que, extraoficialmente resultaron responsables, pisaron la cárcel.
Lo anterior, es el pasado.
Del presente, nadie del Grupo México, propiedad de Germán Larrea, ha sido castigado ejemplarmente por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi.
Amado Yáñez, exdueño de Oceanografía, nada más fue sujeto a un arresto domiciliario por un cuantioso fraude a Grupo Citi-Banamex.
Guillermo Padrés, gobernador panista de Sonora, ni siquiera fue objeto de una llamada de atención por construir ilegalmente una presa en terrenos propiedad de su familia.
Rafael Moreno Valle, el panista convertido en mandatario poblano, tiene de cómplice al legislativo de esa entidad y este es uno de los motivos por los cuales no se le ha responsabilizado directa o indirectamente por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, vive tranquilamente y sin castigo, pese al cuantioso fraude cometido cuando fue mandatario estatal.
Mientras en Estados Unidos tiene un proceso judicial, Tomás Yarrington Rubalcaba, exgobernador de Tamaulipas, continúa siendo militante del PRI.
Son unos cuantos ejemplos.
La otra cara de la moneda
Como una moneda tiene dos caras, es obligado aportar datos:
En Sonora, el mandatario Guillermo Padrés, les inventó delitos a Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez y ambos están en la cárcel por defender el agua que es propiedad de una tribu Yaqui.
Padrés Elías, por robarse el agua para su presa, es objeto de homenajes y maneja presupuesto millonario.
En Chiapas, donde gobierna Manuel Velasco Coello, el indígena Alejandro Díaz desde hace 15 años está en la cárcel, por un delito que no cometió.
El 26 de marzo del 2006, hay otro invento de las autoridades: Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara, indígenas de Santiago Mexquititlán, Querétaro, fueron condenadas a 21 años de cárcel al ser acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Estuvieron cuatro años en la cárcel.
Son otros cuantos ejemplos.
Los políticos y muchos gobernantes perdieron la brújula, porque están seguros que el poder es para corromperse y después dormir en la impunidad.
Y creen que el voto de la ciudadanía es algo que se convierte en una patente de corso para hacer y deshacer a discreción.
Los resultados, están a la vista.