Dado que el medio de defensa ponía en evidencia la falta de oficio para emitir decisiones de autoridad y la grosera incapacidad para litigar de algunos funcionarios, entonces se optó por cercenar el medio de defensa. El mundo al revés.
Es tanta la animadversión de algunos políticos en contra de esos empresarios a los que les deben dinero, que irracionalmente trastocaron el concepto de autoridad y no repararon que, en su sano juicio, no habrá nuevos inversionistas que incursionen en materias en donde el régimen de defensa de la inversión es prácticamente medieval.
Han logrado mermar el valor de empresas que son relevantes empleadores nacionales. En lugar de hacer valer la ley, la ajustaron a modo.
En el pasado sexenio, desaparecieron varias aerolíneas bajo el impulso de funcionarios que amagaban a sus dueños con hacerles la vida imposible, generando procesos administrativos que harían inviable su operación, así, desaparecieron siete aerolíneas competidoras de las empresas consentidas, perdiéndose más de 15 mil empleos.
No hay negocio que aguante un cortinazo autoritario por más de un año.
Por ello, suprimir la suspensión en áreas como la aviación, la minería o el sector telecomunicaciones, hace pagar a justos por pecadores, al tiempo de establecer un ambiente de negocios en el que la competencia es lo de menos, dado que se trata de sectores sujetos al draconiano designio del político en turno.
El competicionismo por decreto en los hechos fracasará, aunque se le haya vestido con la demagógica fachada de las acciones populares.
En oficinas públicas fue común el valorar el efecto del amparo ante atropellos en ciernes de imponer; siempre en la ecuación se ponderó el número de posibles amparistas en el universo afectado, siendo el balance favorable lo que determinaba la adopción de la medida, como en el control de cambios, el IETU o el trato discriminatorio en materia fiscal o administrativa.
Ya no tendrán que montarse escenificaciones para acabar con los caídos de la gracia soberana, la eliminación de la suspensión hace nugatoria la garantía procesal, ante un litigante omnipotente.
Seguramente en la Rusia leninista, en Cuba o en la Venezuela del inmaduro, esto sería visto como un medida progresista de izquierda, que devuelve el garrote a la mano de los políticos.
Este error legislativo hará -con el tiempo- más clara la necesidad de una Asamblea Constituyente, que nos dote de una nueva carta fundamental que honrar en el 2017.