No fue la derrota electoral lo que terminó por reventar la enfermiza relación entre Calderón y el Congreso. Desde que su mandato inició se empecinó en crear una presidencia autoritaria y draconiana. El temor de ser derrocado por las turbas de Reforma lo llevó a improvisar un objetivo que nunca tuvo a la vista, sino hasta que el conflicto postelectoral le llevó a consumir oxígeno en tanque. Fue esa zozobra, y no otro tema, el que lo llevó a sacar las tropas de los cuarteles, lo cual hubiera sido imposible de no apertrecharse tras una súbita urgencia de perseguir al crimen organizado.
De la nada el 1 de diciembre atropelló el artículo 129 de la Constitución, que impide el perseguir metas civiles a través de medios castrenses, inaugurando una larga cadena de violaciones constitucionales.
Dando un vistazo hacia atrás es claramente perceptible que el titular del ejecutivo no respetó a las instituciones, a las cuales pervirtió de múltiples formas. La más socorrida fue colocando a personas que no cumplen con el perfil para el desempeño del cargo público, sí, aquel que en ocasiones era tasado en ley, pero igualmente fue ignorado.
Fue crucial para tal efecto contar con un abogado experto en diversas suertes, pero no en derecho público. Su consejero jurídico permitió la aprobación de nombramientos, reglamentos y estatutos con el mayor descuido.
El calderonato se caracteriza por ser un hoyo negro en la evolución jurídico administrativa nacional, que fue posible a través de pervertir sistemáticamente determinaciones judiciales.
Invasiones de competencia, infracciones al principio de reserva de ley, dilución de la jurisdicción estatal a partir de acciones policiacas federales, desaparición del pacto federal en materia tributaria, chantaje presupuestario para sojuzgar a mandatarios, son apenas algunas de las piedras que constituyen la lápida que aplasta hoy nuestra Carta Fundamental.
Un gobierno conservador a ultranza, una autoridad sostenida por García Luna y sus costosos comandos pretorianos, que tratan de acabar con nuestro pacto constituyente.
Un gobernante débil en las ideas, pero que se conserva en la silla movilizando tropas, que cargan más minando el poder de quienes gobiernan las entidades federativas que a los cárteles a los que dicen perseguir.
Es tal el descaro del centralismo albiceleste, que Cordero pensaba que contaba con facultades para fiscalizar y sancionar a las autoridades electas en las que antes fueran instancias autónomas y soberanas. Tras subyugar a diferentes gobernadores mediante el subejercicio, los orilló a contratar deuda pública estatal, diciendo que habría un programa general de reestructura, como el que el PAN vendió tácticamente a las entidades más endeudadas.
Cierra el círculo el ignorante discurso de Poiré, que sin darse cuenta dice lo que realmente piensa. Él habla de niveles de gobierno, cuando nuestra Constitución establece ámbitos diferentes. pero igualmente soberanos. Pareciera no saber que los delitos que él llama locales, no son sino la fuente financiera de los cárteles, y por tanto, delincuencia organizada que los torna federales.
Los agoreros de tal gobierno decimonónico, hoy dicen que no descartan presentar una controversia constitucional, cuando ello es imposible si no se publica antes la ley de víctimas, siendo tal proceso- por ello- inhábil para evitar se publique el ordenamiento. Los voceros del gobierno centralista olvidan que no solo desacatan una disposición de autoridad competente al no publicar dicha ley, sino que descaran su insumiso proceder ante el texto constitucional. Es momento de que el legislativo restablezca el orden constitucional y se repasen las abundantes violaciones constitucionales de un gobierno arbitrario, aunque la SCJN se haya convertido en un validador de los atropellos de la agenda de Los Pinos.