Como adelantamos el viernes en esta columna, la alcaldesa Margarita Arellanes celebró ayer su cumpleaños en compañía de su familia, panistas y empleados de la administración de Monterrey.
La fiesta celebrada en el Club de Leones de Monterrey no lució tan atiborrada de panistas y simpatizantes como esperaban los organizadores.
Arellanes estuvo acompañada por su esposo Roberto y sus tres pequeñas hijas. Hubo partida de pastel y las tradicionales Mañanitas.
Entre los panistas que acudieron a felicitar a Margarita se observó al exalcalde de San Pedro, Fernando Margáin, los legisladores Juan Carlos Ruiz, Imelda Alejandro, así como Édgar Cantú, alcalde de General Bravo, y José Luis Santos, alcalde de Lampesos… perdón Lampazos.
Lo que marcó el festejo –algo que adelantamos el viernes que iba a ocurrir- fueron las ausencias de los líderes de la Santísima Trinidad: ni Zeferino Salgado, ni Raúl Gracia ni Fernando Larrazabal hicieron acto de presencia.
El cumpleaños de Margarita pudo haber sido el evento perfecto para reafirmar los acuerdos de la Mesa Nuevo León entre ellos la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.
Pero ayer no lo fue.
Margaritos vs La División
Los celos y la inseguridad comienzan a afectar al círculo más cercano del que se rodea la alcaldesa Margarita Arellanes.
Ayer en el festejo del Club de Leones se registraron algunos momentos tensos entre miembros del grupo de La División del Norte y los panistas llamados Los Margaritos.
Consuelo Hernández, regidora de Monterrey pero quien sigue actuando como asistente personal de Margarita, no le gustó que el reconocimiento por la fiesta lo acaparara el organizador de la pachanga, Iván Garza, dirigente municipal del PAN de Monterrey.
Consuelo, enfurecida, se encargó entonces de impedir que los asistentes se acercaran a la alcaldesa para felicitarla y tomarse fotografías.
Como son los malditos celos.
Iniciativa de Medina no es solución de fondo
La iniciativa de Rodrigo Medina que parecía una buena noticia, no sólo llega tarde, sino que le regala más facultades a los fiscales del Procurador.
El proyecto reconoce que la ley estaba diseñada para permitir que personas sentenciadas por homicidio al conducir en estado de ebriedad, pudieran tener acceso a una condena condicional en libertad, pagando la reparación del daño. Como sucedió en el caso Milmo.
Pero la iniciativa del gobernador le quita la posibilidad al juez de conceder el beneficio de esa condena condicional y se la otorga al Ministerio Público.
Propone que “el acusado que sea condenado por homicidio culposo grave, no tendrá derecho a gozar del perdón judicial, conmutación de sanciones, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, condena condicional o substitución de sanción, salvo con las reglas del procedimiento abreviado”.
Y precisamente el procedimiento abreviado permite la posibilidad de que el Ministerio Público se arregle en lo oscurito con la defensa, donde no hay presencia del juez.
Así se pueden poner de acuerdo las partes, para ver de a cuánto toca la reparación del daño y que el acusado no vaya a prisión.
El Gobierno del Estado, justo en momentos preelectorales, se vale de esta iniciativa para ganar popularidad, pero no resuelve el problema de fondo.
Esta reforma, así como está, le abre el paso a la posibilidad de corrupción en la Procuraduría.
Por otro lado, puede provocar que las personas que sí pisan la cárcel no paguen la reparación del daño, pues si ya van a tener que estar en prisión, entonces ¿para qué tendrían qué cubrir el pago a las víctimas?
