Un tema estudiado a fondo por los economistas es el costo de la incertidumbre. Esto influye sistemáticamente en decisiones financieras de consumo e inversión y, de manera más general, afecta cualquier decisión que tomamos en el día a día.
El ejemplo quizás más relevante en materia económica son las metas de inflación que asigna el Banco de México.
Al tener metas de inflación concretas, se busca que la gente conozca a ciencia cierta el ritmo en el que los precios irán creciendo.
De esta manera (idealmente) podríamos optimizar nuestro consumo a través del tiempo sin sufrir de cambios drásticos en los precios.
Este concepto se ha vuelto relevante en los últimos días por dos eventos (donde en realidad uno es causa del otro). El primero de estos sucesos es el fuerte recorte presupuestal anunciado por Videgaray, y el segundo es el retraso indefinido de la licitación del tren rápido México-Querétaro.
Uno de los anuncios más publicitados en el arranque de la administración actual (después de que se aprobó la impopular reforma fiscal), fue declarar que la carga impositiva no subiría por ningún motivo en lo que restaba del sexenio. De esta manera, los hogares tendrían certidumbre sobre su ingreso disponible.
Sin embargo, por astucia política, no se habló de la deuda, del gasto ni de la inversión pública.
Si conviertes en una variable fija el nivel de impuestos, y tienes un golpe externo negativo en las finanzas públicas, existen dos opciones: aumentar la deuda pública o reducir el gasto gubernamental.
Recurrir a un fuerte programa de incremento de la deuda pública hubiera significado que las generaciones futuras subsidiaran los programas gubernamentales actuales.
Esto genera incertidumbre sobre el ingreso disponible futuro de los hogares, ya que necesariamente se tendrían que hacer ajustes en un futuro, para pagar la deuda actual.
La otra opción es el que ocurrió la semana pasada. El anuncio del recorte de 124 mil millones de pesos no es trivial. La reducción del gasto gubernamental, con las tasas impositivas fijas hace que los bienes públicos se vuelvan más caros.
Si los hogares siguen pagando los mismos impuestos pero el gobierno reduce su oferta de gasto e inversión, el ingreso disponible de las familias se verá reducido.
Así, vemos que anclar las tasas impositivas no resuelve el problema de la incertidumbre sobre el presupuesto de los hogares.
Por otro lado, el mal manejo de la licitación del tren puede tener consecuencias serias en la habilidad de realizar proyectos en términos competitivos por parte del gobierno.
De este caso podemos hablar de dos temas: la cancelación de la asignación en la primera licitación y la postergación indefinida de la licitación.
La cancelación del contrato de la primera licitación obtenida por el consorcio chino CRCC, no solo tendrá un costo directo por pagos a dicha empresa, lo más relevante es la falta de certidumbre en el cumplimiento de contratos por parte del gobierno mexicano. Esto podría inhibir la competencia de posibles inversionistas.
Por otro lado, presentar una oferta para una licitación de ese tamaño es costoso para una empresa, ya que tiene que realizar complejas evaluaciones financieras.
Por lo tanto, la postergación indefinida de la licitación puede sentar un precedente peligroso. Si el gobierno pierde credibilidad en la factibilidad de llevar a cabo proyectos, el número de inversionistas dispuestos a incurrir en el costo de presentarse a las licitaciones se verá reducido.
Y todo por falta de certidumbre en el precio del petróleo.