En México, desde que se creó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se estableció con claridad que toda licitación de obra pública deberá señalar “el porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos”, pero al no ser especificado el porcentaje, hace necesario “convencer” al licitante, caso por caso, de los beneficios y bondades de incluir contenido nacional obligatorio en sus licitaciones.
Por lo que es necesario que se cuente con un instrumento similar al que tienen los Estados Unidos y nuestros principales socios comerciales para favorecer el contenido nacional de la obra pública.
Esto sería una ley de contenido nacional que integre a las diversas leyes mediante las cuales se pueden llevar a cabo licitaciones por el gobierno federal, y los gobiernos estatales y municipales, respetando los tratados internacionales firmados por México, y que se establezca que todas las compras del gobierno deben de tener por lo menos el 60 por ciento de contenido nacional.
En materia de acero hay dos ejemplos que ponen de manifiesto la falta de sensibilidad para defender el empleo en México y fomentar la industria nacional, uno es el acueducto El Zapotillo y otro el gasoducto Los Ramones. En ambos hay inversiones millonarias que hará el gobierno mexicano y que podrían favorecer la generación de empleo.
Veamos más de cerca El Zapotillo. Un acueducto que proveerá de agua potable a comunidades de los estados de Jalisco y Guanajuato, proveniente de la presa El Zapotillo, con un costo total del proyecto de 6 mil 867 millones de pesos. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ya adjudicó su construcción a la empresa española Grupo Abengoa México, para lo cual importará 12 mil toneladas de varilla y 100 mil toneladas de placa de acero, presumiblemente de China, con el consecuente efecto negativo en el empleo en México y en el debilitamiento del mercado interno del acero.
Sin embargo, hay otra serie de características que hacen que dicha operación se convierta en totalmente adversa al interés nacional. El 40 por ciento de ella se hará con dinero del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). En otras palabras, nuestro gobierno beneficiará los españoles y a los chinos en detrimento de la industria acerera en México con cerca de 2 mil 700 millones de pesos, que para mayor agravante, se irán a fondo perdido.
Tamaña operación se hace tan sospechosa como la de Los Ramones, -de más de 3 mil millones de dólares- ya que de esta afirmó el Presidente de Canacero: “Tenemos una competencia de nuestras propias autoridades, con elementos o haciendo cosas que -llamémosles poco ortodoxas para no ser un poco más específico-, están asignando a una compañía de Houston, brincándose todos los concursos”.
Cabe mencionar que también existen ejemplos destacables, como es el caso de la CFE, paraestatal responsable de la construcción de los más importantes gasoductos en la última década, como los Chihuahua, Tamazunchale, Morelos y Corredor Noreste, en los cuales se ha especificado un contenido nacional obligatorio del 50 por ciento, lo cual sin duda ha detonado y beneficiado al empleo y la industria siderúrgica.
Resulta fundamental el entendimiento y aplicación de este tipo de políticas por el gobierno entrante.
Presidente de la Comisión de Compras de Gobierno de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero