Es público el interés que tiene el presidente de cambiar la forma de seleccionar a los juzgadores federales y locales. En concreto, se pretende usar el voto popular para decidir sobre su nombramiento.
La iniciativa resulta inadecuada si consideramos la naturaleza de los cargos, la tradición jurídica a la que pertenecemos y las características del país. En el mundo solo hay un caso de dimensión nacional que se acerca a lo propuesto en México. Durante el mandato de Evo Morales, la judicatura boliviana asumió la modalidad que ahora se trata de implantar aquí.
Hace unos días, escuché a un opinador defender la propuesta de López Obrador. Su argumento central era muy sencillo: “el modelo opera en los Estados Unidos”.
Voy a utilizar lo que se dijo en el programa televisivo para demostrar lo endeble y peligroso de la propuesta legislativa:
1.- Bolivia no es una nación federada, México sí lo es y, por lo tanto, hay dos judicaturas: federal y local. La nación sudamericana apenas cuenta con 12 millones de personas y la disparidad económica es evidente, mientras la nuestra es la 12 economía en el mundo, la de ellos es la 93.
En la tierra de Evo, el experimento resultó en un fracaso total. La nueva judicatura ocasionó varias crisis constitucionales y ahora hay una total entrega de sus integrantes al poder ejecutivo. Para complicar la situación, el proceso de renovación se encuentra suspendido.
2.- En Norteamérica, ejemplo que trajo a cuenta el comentarista, los magistrados y jueces federales pasan por estrictos controles de calidad y son electos por el presidente y el senado. Es en los estados donde hay múltiples sistemas de selección. El que utiliza el voto popular va en un lento retroceso por ser el más controvertido y criticado.
3.- En algunas entidades de Estados Unidos, el proceso de elección de los jueces permite la participación de los partidos políticos, es fácil imaginar los efectos que produce tal mecanismo. En otros no hay tal posibilidad, pero en las campañas intervienen los intereses reales del poder, donde se incluye a los grandes despachos.
4.- El federalismo de los vecinos del norte es muy distinto al mexicano. Los estados tienen más autonomía, facultades y recursos. En la constitución americana ni siquiera se habla de los tribunales locales, ¿estaría de acuerdo Morena en un sistema donde cada entidad decidiera como organizar su poder judicial?
5.- Los sistemas legales de México y Estados Unidos son producto de tradiciones distintas. Ni peores, ni mejores. Me atrevo a decir que nuestro sistema constitucional de protección a los derechos humanos es más avanzado y con mayores garantías para las partes y los acusados.
6.- En la Unión Americana, estudiar la abogacía reclama más tiempo que en nuestra nación. En aquel sistema educativo las escuelas están sujetas a requisitos distintos y más complejos. Esto no quiere decir que en México no tengamos excelentes instituciones educativas, pero las del vecino país guardan una estrecha relación con las barras de abogados, hay exámenes de admisión, actualización continua y certificación periódica de la abogacía y el prestigio académico de la institución determina el futuro laboral del egresado.
7.- En México, basta el título para laborar como abogado y con él se puede ejercer en todo el territorio del país. En Norteamérica, se requiere presentar examen en cada uno de los estados donde se pretenda practicar la profesión. Allá es obligatorio pertenecer a las barras de abogados y estas tienen una enorme influencia en la práctica profesional. En México, la colegiación es voluntaria y la actividad de muchas de las asociaciones gremiales deja bastante que desear.
8.- Las condiciones económicas en las cuales funcionan los dos sistemas de impartición de justicia tienen marcadas diferencias. El juez norteamericano vive y trabaja en un entorno más favorable y seguro que el mexicano.
La doctora Sheinbaum será la próxima presidenta y por ello jefa del Estado mexicano. Sin embargo, pese a su afinidad partidista con el actual mandatario, convendría al país una mayor prudencia en el abordaje de la propuesta legislativa.
Creo importante tomar en cuenta:
1.- Transformar la impartición de la justicia requiere un profundo e informado debate nacional que sea animado por las mejores expresiones mexicanas e internacionales de la ciencia jurídica.
El tiempo es importante, pero la envergadura de la propuesta demanda la paciencia de meses y tal vez años de reflexión. La libertad, seguridad y patrimonio del pueblo de México merece mucho más que encuestas al vapor y discursos de personajes que andan en busca de una oportunidad laboral.
2.- La propuesta que conocemos no toca los principales problemas de la justicia mexicana: entre otros, los bajos presupuestos, lo que se traduce en un déficit de juzgados y entidades auxiliares, sobre todo en las entidades federativas.
Tampoco se habla de la debilidad de las fiscalías locales, que por el poco interés de muchos gobernadores y por la carencia de presupuesto, no cuentan con las mejores condiciones para enfrentar con éxito las obligaciones que les corresponden. En múltiples ocasiones, las deficiencias del ministerio público local provocan costos políticos a jueces y magistrados.
3.- En México, la enorme mayoría de juzgadores federales cuentan con una gran calidad técnica. Un juez o magistrado federal pasa por estrictos procesos de selección, preparación y evaluación.
En sus decisiones, poco se habla de eso, el juez tiene una relativa discrecionalidad, pues debe atender a precedentes, tesis, jurisprudencias, tratados internacionales y protocolos.
Por otra parte, las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y convencionalidad provocaron la transformación de nuestra judicatura. Ser juez demanda una amplia y estricta formación. No cualquiera puede asumir tan delicada función y menos de un día para otro.
México merece un buen sistema de justicia, pero no puede tirar por la borda lo construido por las generaciones que nos han precedido. Los cambios no pueden ser motivados por las emociones de los gobernantes. La actuación de los legisladores reclama del amor a la patria y la responsabilidad histórica.
