Hace dos décadas, el crimen organizado comenzó, inexorablemente, a extender su poder económico y territorial en México. Mostró la cara de la violencia.
Hoy, su actividad incluye extorsionar productores, transportistas, comerciantes y restauranteros, entre otros micro, pequeños y medianos empresarios; montar sus propios negocios como la venta de alcohol, las apuestas y las chatarreras; trasladar miles de migrantes por el territorio nacional en condiciones inhumanas; asolar violentamente poblaciones enteras para tomar no solo el control político y económico sino cultural, haciéndose pasar por ejemplo a seguir; permear y corromper a la mayoría de las policías municipales y estatales, así como a las fiscalías y los juzgados, y poner y quitar autoridades locales y financiar campañas políticas.
Como es evidente, México ha perdido más que la paz a causa de la delincuencia organizada.
Desde hace dos décadas también los gobiernos intentan una transformación policiaca que requería no solo diversas reestructuraciones sino una “limpia”, programas de profesionalización, cánones éticos, certificaciones y equipamiento adecuado. Hasta hoy, eso está inacabado y pareciera que se ha abandonado el esfuerzo.
¿Qué estrategia nacional de seguridad prescindiría de las Fuerzas Armadas para, cuando menos, mantener a raya la creciente influencia del crimen organizado? Ninguna que pretenda mínima efectividad.
¿Qué estrategia mantendría al Ejército y a la Marina, con entrenamiento y armamento suficiente para combatir al crimen organizado, en sus cuarteles, esperando una amenaza del exterior o solo dando ayuda humanitaria? Ninguna que responda con mínima congruencia a la realidad nacional.
Pero las Fuerzas Armadas no son la solución, solo parte indispensable por ahora. Para acabar con el poder del crimen organizado hay que cerrarle todas las fuentes de financiamiento, intensificar la transformación de las policías, extendiéndola a las fiscalías, los juzgados y las estructuras municipales de mando; combatir la subcultura de culto al narco; procurarle a la gente un nivel de vida digno para que no recurra al poder económico del hampa y mantener un entorno seguro para que éste no ejerza actos de violencia. Finalmente, pero quizá lo más importante, es crucial blindar las elecciones contra los recursos de la delincuencia organizada.
Todo esto lo hemos sabido siempre. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque requiere, además de la acción del Gobierno federal, de la firme voluntad y el valor de 32 gobernadores y dos mil 471 presidentes y presidentas municipales, en coordinación de esfuerzos entre sí y con las autoridades federales.
Por otra parte, los mexicanos, según las encuestas, confiamos en las Fuerzas Armadas cuando salen a las calles a ver por nuestra seguridad, pero tememos violaciones a los derechos humanos y su utilización con fines políticos.
Para que nada de esto suceda, la reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados, que extiende hasta 2028 la presencia de militares en la Seguridad Pública, pone candados y establece un mecanismo de supervisión por parte del Congreso de la Unión.
Por último, Coahuila, uno de los estados que tuvo mayores problemas con el crimen organizado hasta antes de 2012, es hoy uno de los más seguros, gracias a la coordinación entre las instituciones que dirigen a siete mil elementos de las Fuerzas Armadas y dos mil de la Guardia Nacional, así como casi dos mil policías estatales y municipales, profesionales, bien pagados, equipados y entrenados, porque ahí sí se hizo la tarea. Y nadie considera que Coahuila está militarizado.
Así pues, politizar la acción de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional, acusando una generalizada militarización, es por lo menos mezquino.
