El evento fue como escena de Hollywood, solo sorpresas, salvo para Meade, baste ver su discurso del día anterior. El proyecto que ya estaba desechado, y que por tanto no podía ser vuelto a votar, simple y sencillamente resucitó.
Nada de pedir un nuevo proyecto o turnar a otro ministro para la elaboración de un tercer proyecto, ni mucho menos mandar el expediente al pleno. Esas son cosas del pasado, ahora, no obstante que el segundo proyecto fue retirado y por tanto, no fue votado al ser descartado por la ponente, como de película, surgió un nuevo mecanismo de debate.
De la providencial carpeta que llevaba la ministra Sánchez Cordero, por casualidad, sin trámite, ni proceso, ante la concordancia casi literal de dos ministros, se imponía, el votar el proyecto desechado en la primera sesión, con unos cambios, que por supuesto eran implícitos, porque nadie tomó la palabra para bordar sobre el proyecto ya desechado, dado que era labor de la ponente elaborar uno nuevo, que por cierto distribuyó días antes. Así es, estimado lector, de no ser porque se trataba de ministros y no de García Luna, hubiera podido venir a nuestra mente la palabra “montaje”, de no tratarse de la SCJN, otros hubieran podido sugerir, por supuesto, aventuradamente, que el debido proceso de análisis, discusión y resolución de proyectos se había atropellado.
Gracias a la experiencia, en menos de quince minutos surgió un tercer proyecto, o más bien, una versión plus del proyecto desechado, que pudo zanjar la controversia al obviarse el trámite y poner a votación el proyecto reprobado.
Claro, el único ministro que llegó a ese Supremo, por trayectoria judicial, que además resulta que es un destacado penalista, votó en contra.
En una sola sesión se deshechó el proyecto a discusión y renació y aprobó el ya descartado.
Pero aún, en ese lance de eficiencia, que por cierto, reformó la Constitución al resultar el primer caso de cuarta instancia en materia penal, fue omiso en un tema clave.
Sí , diáfanamente se descubrió la violación, sin violador, no se mencionó que alguien en particular hubiera sido el infractor de las normas, no, fue una violación al debido proceso de tal gravedad, que eliminó una sentencia firme de 60 años de prisión, sin aludir de manera individual al violador, más aún, pareciera que, como en el teatro, si se pregunta quién infringió la Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, la respuesta es clara, Fuenteovejuna, Señor.
La puesta fue tan veloz, que la película no quedó clara a la PGR, no hubo absolución, sino indulto.