Dos acuerdos y un fiscal

Era una tarde ajetreada en las oficinas de Palacio Nacional, todos estaban que no creían lo que había llegado al escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trataba de dos expedientes que, palabras más, palabras menos, concedían un trato más que privilegiado para Juan Collado y Alonso Ancira, ambos ligados al exmandatario Carlos Salinas de Gortari. Nadie entendía por qué las autoridades judiciales pactaron para que, tanto el litigante como el empresario del acero, lograran obtener convenios que liberaban las acusaciones y delitos que cometieron durante muchos años en perjuicio de miles de mexicanos, quienes solo veían en las noticias las fortunas que amasaban estos personajes.

Así, quienes conocen al primer mandatario saben que no se inmiscuye en temas del fiscal Gertz Manero; pero, durante esas horas, su equipo pedía explicaciones para entender cómo una lucha que había mantenido por más de 30 años en contra de empresarios corruptos se solucionaba con un documento que, más allá de que prometía reparar el daño al erario público, se trataba en el fondo de librar la cárcel y las estafas que cometieron en sexenios pasados; además de que les permitía acceder al sistema financiero, a sus cuentas personales y a los negocios que lograron hacer –como la venta de Agronitrogenados–. Incluso, alguien más que cercano a Andrés Manuel López Obrador preguntaba cómo debía manejar este tema el área de Comunicación de Presidencia, pues contrastaba con el discurso y la lucha que había tenido el Presidente contra el sistema corrupto y de personajes que lucraron con los intereses del pueblo. El silencio invadió la sala donde se realizaba la junta en Palacio Nacional.

Al final, Jesús Ramírez es quien tendrá esa difícil misión, y con su talento intentará proteger la imagen y reputación de todo el Gobierno. Sin embargo, existe más que descontento en la manera de actuar del fiscal Alejandro Gertz, ya que tal pareciera que su objetivo es dinamitar la estructura y las bases con las que se conduce la “4T”. Y es que, sus errores y sus acuerdos “en lo oscurito”, permitieron a Emilio Lozoya gozar y disfrutar de meses en libertad sin reparar en el daño que le hizo a Pemex y a la reputación del mismo AMLO, quien asumió el control de daños y los efectos colaterales que se desprendieron del acuerdo reparatorio que solo benefició al exdirector de Pemex. Ahora se vienen días difíciles para el Gobierno, aunque, al parecer, el fiscal está lejos de preocuparse, al fin de cuentas, dispone de la impunidad que le concede su cargo.

Queda mal parado

El que ha dado mucho de qué hablar es el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, a tal grado que fue tachado de irrespetuoso hacia los “héroes de la salud”, pues recordemos que el pasado 21 de diciembre trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestaron en la explanada de Palacio de Gobierno por el retraso en el pago de sus prestaciones laborales (bono navideño, de útiles escolares y el estímulo de antigüedad).

Esto se suma a la deuda de más de 4 millones de pesos que tiene la dependencia con varias empresas de monederos electrónicos, que proveían de vales de despensa a todo el personal de salud, y a pesar de ello, el gobierno del morenista busca ya un nuevo proveedor haciendo de lado a los actuales. Esto sin duda lo deja muy mal parado, por lo que, esperemos que los Reyes Magos le hayan traído el capital para saldar las deudas, sobre todo ante esta cuarta ola de contagios, incluido ya el propio gobernador.

Voz en Off

Si bien la autoproclamada “4T” ha sido ampliamente criticada por las adjudicaciones sin concurso a las que constantemente recurre, no se trata de una tendencia que se busque desaparecer, una de las muestras se encuentra en Canal 11, de Carlos Brito, donde ya hay indicios para asignar el contrato para los próximos dos meses, y donde dicen, sí hay favorito. Sin embargo, las sospechas por malos manejos colocan en el centro al subdirector de Recursos Materiales y Servicios, Álvaro Vargas, funcionario al que debería tener en la mira el Órgano Interno de Control (OIC), de Julieta Muñoz Olmos, luego de las peticiones del año pasado para investigarlo. Las dudas han ido en ascenso al observar el desenlace de las adquisiciones por invitación restringida C11- I3P-016-21 y C11-I3P-017-21, mismas que fueron declaradas desiertas consecutivamente. El fallo de la primera fue dado a conocer el 17 de diciembre, mientras que el de la segunda llegó el 29 de ese mes, así, es justamente la falta de concordancia de fechas la que despierta escozor, pues el 28 de diciembre, Vargas González pidió a las posibles proveedoras que le enviaran cotizaciones del 1 de enero al 28 de febrero, por lo que se apunta a una firma favorita como próxima “ganadora”…