Ya abrieron en la SIEDO una investigación y asignaron personal para ir por los culpables del tráfico de placas para automóviles robados.
La pesquisa es dentro del mismo Instituto de Control Vehicular, que dirigía hasta ayer Pedro Morales Somohano, ya destituido del cargo.
Porque la investigación inició en el mismo Palacio de Cantera y va en serio.
Y la SIEDO federal trae ya la presunción de Delincuencia Organizada, porque hay nexos con el crimen organizado para el robo masivo de autos.
Unas placas nuevas registradas a nombre de un tercero dentro del propio Instituto, pueden ser colgadas en un vehículo robado y así sacarlo fácilmente de la ciudad para venderlo.
Pero lo peor es que además del carácter criminal que ya salpica a Pedro Morales Somohano, es que también hay un aspecto político que tiene incómodos a más de tres.
Hay fundamentos que van a culminar con arrestos, pero también para la venganza política.
A ver, ¿qué tienen en común Pedro Morales, el vocero de Seguridad del Gobierno Jorge Domene y el candidato derrotado del PRI por la Alcaldía de Monterrey Felipe Enríquez?
Pues Benjamín Clariond Reyes, diputado federal del PRI.
Pedro Morales Somohano comenzó con Benjamín, allá cuando éste era alcalde y luego gobernador sustituto de Nuevo León en 1995.
Jorge Domene es el cuñado de Benjamín Clariond Reyes.
Y Felipe Enríquez también empezó con El Benjas.
De hecho, como diputados federales de la legislatura actual, Benjamín y Enríquez solían compartir el reventón en el penhouse del Fiesta Americana de la Ciudad de México.
Fiesta a la que acudía el otro diputado federal Rogelio Cerda.
Todos estos son actores del complot político en el que buscaban empujar a Pedro Morales como secretario de Gobierno en lugar de Javier Treviño, cargo que finalmente ocupó el medinista Álvaro Ibarra.
Y también es el mismo grupo que empuja a Benjamín para que este se quede en el lugar del gobernador Rodrigo Medina, si éste tiene que salir a un cargo federal, que realmente sería una pura excusa de los peñistas para destituirlo por su mala o nula operación en las pasadas elecciones.
Carambola de tres bandas.
BUCHANAN Y SANJUANA
La juez Luz María Guerrero Delgado de Leija tuvo que haberse inhibido para conocer el caso sobre la custodia de los hijos de la periodista Sanjuana Martínez.
Pese a que la defensa de Martínez no haya pedido la inhibitoria, la jueza Guerrero tuvo que haberse excusado y transferir a otro juzgado el juicio de convivencia que le fue asignado.
Porque la jueza había sido denunciada en una investigación que la periodista publicó sobre el albergue de Alternativas Pacíficas.
Lo más grave es que Graciela Buchanan, presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, sabía de esta situación y permitió que la jueza llevara el caso.
No es la primera vez.
El año pasado Buchanan sabía que la jueza Rosalinda Zapata, del Juzgado Tercero de lo Penal, “desapareció” una prueba pericial en un caso de fraude y tampoco lo denunció.
También fue acusada por encubrimiento, demanda que fue congelada en la Procuraduría del Estado.
