La Cámara de Diputados tiene 500 integrantes, todos con derecho a voz y voto. De no existir las comisiones de trabajo se antoja difícil que, con ese número de legisladores, se pudieran organizar el debate y la resolución de los asuntos que se someten a la consideración del pleno camaral.
Para resolver este dilema de interacción se constituyen comisiones que, en la actual LXV Legislatura, suman 51, cinco más que en la anterior. Diversidad Sexual y Cambio Climático son dos de los nuevos espacios donde los legisladores podrán debatir y acordar.
¿Por qué los partidos se disputan la presidencia de las comisiones? La respuesta es sencilla: estas unidades de trabajo representan un factor decisivo dentro de la cadena legislativa y su dirección se distribuye conforme al peso político de las bancadas. Mientras más diputadas y diputados más presidencias de comisiones. Ahora bien, aun cuando la ley no les da valores diferentes a ellas, es normal que por su tema se les asigne una mayor influencia a unas sobre otras. Presupuesto, Gobernación y Población, Hacienda y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación son de las comisiones donde su presidencia es más codiciada.
Las comisiones a las cuales me he referido serán protagonistas en las próximas semanas de una gran actividad. Algunas tendrán que procesar el Paquete Económico y llevar ante el pleno la discusión de los proyectos de dictamen de las iniciativas que se debaten.
En ese sentido las y los diputados que las presiden juegan un rol fundamental para la conducción de los trabajos. Entre los legisladores de todos los partidos hay la expectativa de modificar el presupuesto y llevar recursos a sus estados y municipios, pero también existe el temor de que se repita la historia de los años pasados, donde el dictamen de presupuesto no tenía ninguna variación con el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda. Incluso, hay quien señala que el texto de dictamen sometido a la consideración de los legisladores no se redactó en San Lázaro.
En días pasados el presidente de la República envió a la Cámara baja una iniciativa para reformar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las normas que dan sustento a la actividad eléctrica del país. La iniciativa en comento va a provocar que otras dos comisiones entren en una intensa actividad; me refiero a la de Puntos Constitucionales y a la de Energía. Es fácil imaginar la importancia que tendrá la conducción de estas dos comisiones y la presión que sobre los integrantes se ejercerá.
Abrir la Cámara a la sociedad, invitar a los actores sociales y económicos a confrontar sus ideas ante las y los diputados, llamar a los expertos a externar sus opiniones sobre la Reforma Eléctrica o sobre algún otro tema, son buenas prácticas para enfrentar una tarea legislativa que se advierte de gran responsabilidad. En el caso de la última iniciativa presidencial, de no presentarse en las cámaras de Diputados y Senadores una apertura para el debate profundo con la sociedad, será muy difícil que los legisladores legitimen su voto —cualquiera que sea su sentido—.
México requiere puntos de acuerdo que concilien a una sociedad dividida y en franca crispación. En el Congreso se dan cita todas las inquietudes y las pasiones de un país que parece no encontrar su rumbo. Lo que mal inicia mal acaba. Si el proceso legislativo nace en lo oscuro y las comisiones no generan los espacios de discusión, tendremos un mal final para la Legislatura.
Veamos qué pasa en San Lázaro y cómo la mayoría y la oposición sortean su responsabilidad.
