El impacto para la salud de los mexicanos que ha tenido la pandemia del COVID-19 nos ha dejado una lección muy grande con respecto a lo que significa la prevención y el cuidado de nuestra salud.
De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), aproximadamente el 70 por ciento de los mexicanos padecen sobrepeso u obesidad. De la misma forma, México ha incrementado de manera alarmante la incidencia de enfermedades vinculadas a la mala alimentación, por lo que podemos decir que en las últimas décadas han aumentado a pasos agigantados estas tres epidemias: la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial.
Todas estas enfermedades están correlacionadas con la ingesta de una mala alimentación, así como el consumo de alimentos chatarra y de bebidas azucaradas. En este sentido, es importante aclarar que el “azúcar añadida” no es azúcar de caña, es una variedad de endulzante que la industria alimenticia ha venido utilizando con mayor frecuencia en las bebidas azucaradas y que se presenta como sacarosa, glucosa, fructosa, dextrosa o como jarabe de maíz.
Como lo señala la propia OMS, a partir de 1975 que es cuando se comenzó a utilizar el jarabe de maíz como endulzante en alimentos y bebidas procesadas, se triplicaron los niveles de obesidad en todo el globo terráqueo.
En este mismo sentido, se estima que las enfermedades correlacionadas con la mala alimentación y la ingesta de bebidas azucaradas causan la muerte de más de 28 millones de personas en el mundo. Y aquí un dato por demás revelador: siete de cada 10 muertes de personas infectadas por COVID-19 padecían obesidad, hipertensión o diabetes.
La evidencia científica es concluyente: las bebidas azucaradas producen daños a la salud. Los efectos nocivos por el consumo de estas bebidas incluyen alteraciones metabólicas que se reflejan apenas dos semanas después de iniciar el consumo, y constituyen un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas y tener un riesgo mayor de muerte por esta causa.
De esta manera, resulta indispensable que tomemos medidas para generar conciencia del daño que producen a nuestra salud el consumo de esta clase de bebidas y desalentar su consumo.
Por lo tanto, en el Senado de la República, con el apoyo de nuestro coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal, estoy presentando una Iniciativa para obligar a las empresas a incorporar etiquetados claros en sus productos, con la finalidad de que nuestra población tenga conocimiento de lo que está ingiriendo.
Nuestra propuesta consiste en que se coloquen etiquetas o contraetiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, que incluyan la información nutrimental del producto de fácil comprensión, de manera veraz, directa, sencilla y visible.
Además de esto, el etiquetado frontal de advertencia deberá hacerse en forma separada e independiente de los ingredientes del producto y de la información nutrimental, esto con la finalidad de que esté presentada de forma visible y clara, la información de aquellos productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio etc.
Todas las bebidas endulzadas con añadidos de azúcar, deberán llevar esta leyenda, que significa que el abuso en el consumo es nocivo para la salud y que pueden generar enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad.
Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que las etiquetas con advertencias también deben describir las enfermedades y los efectos nocivos específicos causados por el consumo de productos con altos contenidos de azúcar.
Es momento que las empresas -la mayoría de ellas multinacionales- asuman que es su obligación transparentar el contenido de cada uno sus productos. No podemos seguir permitiendo que se engañe a nuestra sociedad con información nula a confusa.
En consecuencia, esta Iniciativa, se desprende de manera principal de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
La sociedad en su conjunto tiene derecho a estar informada en el ejercicio pleno de nuestras libertades y de nuestra corresponsabilidad.
