Benditos sean los días de campañas políticas en busca de la Presidencia en México. Ahí aflora la verdadera parodia que es nuestra democracia, ahí sale a la superficie la pobreza intelectual política que, a menudo, se aprovecha del poco capital intelectual de la nación.
Los discursos, siempre enfocados a los “qués” que tanto ama el grueso de los votantes en lugar de los “cómos” que verdaderamente demanda una campaña seria, se resumen, en mi opinión, en tres ejes temáticos: La estrategia de seguridad, la promesa de “n” número de empleos anuales y dos míticas palabras que, con un poco de archivo histórico, probarán haber sido usadas en cada una de las campañas presidenciales: pobreza y/o desigualdad.
Dejando de lado que las tres fútiles promesas se fundamentan en la idea peregrina y casi fetichista del crecimiento económico, las preguntas que me surgen como un investigador de la desigualdad son: ¿por qué y para qué quieren reducir la desigualdad?
¿Hay desigualdad en el país? ¿A dónde van a dirigir las políticas públicas para reducirla? ¿Cómo le van a hacer para reducirla? ¿En cuánto tiempo veràn resultados? Vaya, ¿desigualdad en qué?
El hipotético y amable lector se verá tentado a pensar de inmediato en respuesta para al menos la mitad de las preguntas, pero lo cierto es que, como la mayoría de las políticas que se diseñan en México, no se tiene información suficiente sobre el problema antes de intervenir (o no intervenir) sobre él.
Soy creyente de que alcanzar cierto grado (tampoco tengo claro, qué grado) de igualdad “económica” entre la población tiene un efecto de cascada sobre otro tipo de disparidades sociales y demográficas.
Creo que una distribución más igualitaria de los recursos económicos (nótese el cuidado que tengo en no utilizar la palabra ingreso) tiene como resultado más igualdad en acceso a educación de calidad, a mejores servicios de salud tanto preventiva como curativa, menor discriminación de género y de raza y, como epítome, un cierto nivel de igualdad en el bienestar general de la población.
Sin embargo, soy creyente también de la heterogeneidad de nuestro país. De lo absurdo que resulta presentar datos a nivel nacional, urbano-rural, e incluso estatal.
¿Acaso es poco realista creer que las dinámicas económico-político-sociales de San Pedro Garza García son diametralmente diferentes a las de Salinas Victoria, o las de la Delegación Miguel Hidalgo a las de Iztapalapa, aunque las primeras y las segundas formen parte de la misma entidad federativa?
Ahí radica el primer problema de prometer una “disminución” de la desigualdad, en que ni siquiera hay datos sobre ingreso, consumo, inversión u otro indicador, al menos unidimensional que pueda traer a la luz el nivel de desigualdad por municipio para entonces, buscar la interrelación entre ellos y comenzar, desde las bases, políticas para combatirla. Esa, en mi opinión, es la relación que deben tener las universidades y el gobierno.
Adrián Villaseñor es originario de Guadalajara. Estudia un doctorado en la University of East Anglia en Norwich, Inglaterra.