¿Por qué en Michoacán, anteayer, el pueblo se atrevió a cercar a un nutrido grupo de soldados fuertemente armados a los que, por lo visto, ya les perdieron el respeto? ¿Por qué atan a los representantes del orden alrededor de unos palos clavados en el piso, los rocían con gasolina y les prenden fuego, como ya aconteció en el Distrito Federal? ¿Por qué la gente bloquea carreteras, toma puentes y cancela el paso por las casetas de cobro federales para impedir la circulación de automóviles y camiones?
¿Por qué un sector creciente de mexicanos se encuentra cada día más profundamente sepultado en el escepticismo y desconfía ya de todo tipo de autoridad, la cual, en un principio, debería conducirse invariablemente de buena fe? ¿Por qué las masas han resuelto protegerse y resolver sus diferencias con las manos, ignorando la ley y a quienes dicen defenderla y si no que la patria se los demande…?
¿Los mexicanos le creemos a los curas, sobre todo a los pederastas, a los políticos, a los comentaristas de radio y televisión o a los columnistas de la prensa escrita? ¿Acaso le creemos a nuestros maestros? ¿A quién le creemos? ¿Tal vez a los diputados o a los senadores o a los jueces y a los ministros?
El escepticismo crónico y ancestral que padecemos los mexicanos bien pudo comenzar cuando los españoles destruyeron brutalmente las instituciones aztecas. Donde sin duda se encuentra otra probable explicación es en la consolidación de la “dictadura perfecta” ejecutada puntualmente por Lázaro Cárdenas. A partir de ese patético momento en que el jefe de la nación nombraba diputados, senadores, jueces, ministros y gobernadores ignorando los principios más elementales de una federación, la promisoria democracia con todas sus ventajas, se embotelló a todo lo largo del siglo 20. En una sociedad cerrada como la diseñada por el general Cárdenas y heredada, sin duda alguna de Obregón y de Calles, empezó a reproducirse la fenomenología del agua estancada, en donde proliferan bacterias, virus y miles de agentes patógenos. México se pudrió.
Las históricas carencias en materia de impartición de justicia se hicieron más patentes aún. Si en el México moderno 98 por ciento de los crímenes permanecen sin ser resueltos, lo anterior no podía sino tener una sola consecuencia: tarde o temprano, ante la incapacidad, la corrupción, indolencia o la arbitrariedad de la autoridad, tendríamos que resolver nuestras diferencias con las manos, tal y como acontecía en el paleolítico tardío.
La aparición de policías comunitarias, grupos de autodefensa y paramilitares no puede ser entendida sino como una respuesta de la sociedad deseosa de proteger sus intereses y su integridad física al costo que sea. Son señales de hartazgo ante la impotencia, ante la expansión de la delincuencia y el señorío incontestable del crimen organizado.
Ante un Estado incapaz de impartir justicia solo cabe esperar el surgimiento de movimientos armados. Estamos pagando el precio de 70 años de la dictadura priista, en donde se gobernaba de acuerdo a los estados de ánimo del presidente y jamás en términos del sometimiento incondicional a la ley.