El senador emecista por Nuevo León, Samuel García, acompañado por el secretario General de su partido, Jorge Álvarez Máynez, se presentarán en la Fiscalía General de la República para denunciar al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón por la adquisición del dron para la Secretaría de Seguridad Pública.
Esta denuncia se suma a la investigación que ya realiza la Fiscalía Especializada Anticorrupción en Nuevo León, una pesquisa que comenzó con la inasistencia a comparecer de uno de los socios accionistas de la empresa que fabricó la aeronave.
Hasta fechas recientes, los empresarios involucrados en la fabricación y venta del dron no habían sido citados.
Mauricio Ramos Pons, presidente de la empresa Unmanned Systems Technology International (la compañía que vendió el dron al gobierno estatal), es un personaje clave en todo el entramado. Se trata de un consultor y asesor de seguridad que trabaja de manera muy estrecha con la Iniciativa Privada regia y que también estaría vinculado al secretario de Gobierno, Manuel González.
Seguro el empresario tendría mucho que decir.
Se enciende disputa por el PRI estatal
Una resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del CEN del PRI ordenó a la dirigencia estatal, encabezada por Pedro Pablo Treviño, la renovación inmediata del Consejo Político en la entidad, el cual tiene siete años sin cambios.
El resolutivo emitido el 19 de septiembre concede un plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación para definir el método de selección para sus nuevos integrantes.
Esta decisión se deriva de un recurso promovido por Felipe Enríquez, y significaría un duro golpe para los medinistas, quienes controlan actualmente el Consejo.
Cadereyta pide no politizar
El alcalde de Cadereyta, Ernesto Quintanilla, pide no politizar el tema de Puerta Violeta.
¿Cómo no hacerlo si este modelo de combate a la violencia femenina involucra a diversos actores políticos?
A Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, municipio donde se implementó por primera vez. Al presidente López Obrador, quien anunció que se convertiría en una política pública nacional. A una de las fundadoras del proyecto y ahora en el Inafed, Alicia Leal, quien fue invitada a este cargo por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. A la diputada Guadalupe Rodríguez, quien exhortó a rescatar Puerta Violeta. A los titulares de diversas dependencias que intervienen en la protección de mujeres y sus hijos, porque merecen atención integral.
Tampoco se trata de dejar la política sólo en manos de los políticos, sino de llevarla a los ciudadanos; Puerta Violeta surgió así, gracias a la organización civil Alternativas Pacíficas y a activistas como Irma Ochoa y Marcela Urbano.
