Casi al momento de que se hiciera pública la denuncia penal emprendida por la empresa operadora de El Heraldo de México en contra de José Luis Moyá Moyá, por intento de extorsión, al exigir un pago mensual de 60 mil pesos para frenar una campaña contra el medio y las empresas relacionadas a Grupo Andrade, se sabe que este personaje acudió a las instalaciones del diario para amedrentar y amenazar a sus colaboradores. Este acto representa un ataque a la libre expresión y el derecho a la información ejercido por los periodistas que ahí laboran, situación que no cayó nada bien en Gobernación, al mando de Adán Augusto López. Ante la situación, el representante legal de El Heraldo Media Group, Arturo Vázquez, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y solicitó mecanismos de protección para evitar que Moyá Moyá siga ejerciendo violencia en contra del personal y directivos.
Actualmente, Moyá Moyá enfrenta una acusación ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez, además de investigaciones abiertas en la UIF y la Secretaría de Hacienda por recibir dinero a cambio de hacer preguntas en la conferencia mañanera de AMLO en favor de empresas que lo contratan. Incluso diversas autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública han recibido denuncias contra José Luis Moyá en las que se le señala por cobrar sumas de dinero para hacer preguntas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero además ya hay medidas para que se pongan en marcha acciones de protección que prohíban al personaje acercarse a la ubicación del medio. Algo delicado que se sabe de la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro y el propio Ministerio Público, es que los colaboradores del medio de comunicación presentaron problemas psicológicos y emocionales por miedo a recibir agresiones o difamaciones por parte José Luis Moyá Moyá. Las autoridades han tomado a consideración “la violencia inusitada y constantes ataques a la vida e integridad corporal que reciben los periodistas en el ejercicio de su profesión, lo cual se traduce en un efecto amedrentador y de silenciamiento”.
Afirman que en el antecedente de Moyá Moyá figura haber exigido a El Heraldo de México un pago mensual de 60 mil pesos a cambio de frenar una campaña negra contra el medio de comunicación o las empresas relacionadas a Grupo Andrade, por lo que buscó insistentemente entablar comunicación con directivos del periódico tanto por vía telefónica como de forma presencial.
Se afirma que su actuar se basa en recopilar información de los órganos de transparencia que podría perjudicar de manera mediática a todas las empresas vinculadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda y Grupo Andrade. En la querella presentada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de la alcaldía Benito Juárez y enviada a la Fiscalía Antisecuestro el medio hizo hincapié en que la meta del acusado es presionar a los funcionarios, así como a las firmas del grupo, situación por la que también habría emprendido una campaña mediática en su contra.
Sí usted recuerda el presidente Andrės Manuel López Obrador, expuso en la conferencia mañanera del 23 de febrero que “es común que los que pierden en una licitación siempre buscan inconformarse y, si no tienen elementos, o no quieren mostrarse con transparencia y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información”.
Voz en Off
Ojalá que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se le haya pasado la efervescencia de festejar en sus redes sociales la llegada de Tesla a Nuevo León, y ponga atención a lo que sucede en Coahuila. En la planta Mexicana de VU Manufacturing suben las alertas para evitar a toda costa el primer panel laboral que se daría bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del TMEC porque no es la primera vez que está empresa es señalada por negar derechos laborales a sus trabajadores. La señalada en todo este entramado es la empresa que a decir de los trabajadores ha buscado pretextos con el fin de no firmar el contrato, buscando prolongar los tiempos y hacer terminar los seis meses de la constancia de representatividad, que un gremio ganó democráticamente.
