En un ejercicio democrático inédito en la historia del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados iniciará el próximo 17 de enero un amplio, directo, abierto e inclusivo debate sobre la Reforma Eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal.
Nuestra democracia está, ciertamente, en una notoria etapa de cambio, a contracorriente del actual ejercicio de Gobierno. Atrás quedó la posibilidad de la negociación entre las fuerzas políticas, por el radicalismo y la inflexibilidad del Movimiento de Regeneración Nacional.
Eso está representando en México una gran oportunidad para avanzar hacia la verdadera democracia social, que tenga como cimiento el pluralismo en la toma de decisiones y la construcción de nuestro orden jurídico.
De ahí que se haya invitado a participar a quien sea que tenga un punto de vista informado o significativo sobre el tema, lo cual implicará, por supuesto, un análisis alterno de la ley vigente en la materia.
Cada diputado es un representante de la nación, no solo del distrito en el que fue electo, de manera que es su responsabilidad escuchar todas las voces, en cada cuestión en la que pretenda ejercer su facultad de legislar y hablar en nombre de sus representados.
Especialmente en temas tan sensibles y de interés generalizado, como una reforma del sector eléctrico, los diputados deben estar abiertos a todas las observaciones y propuestas, tanto de expertos en los diversos rubros que involucra la generación de esta energía, como de productores, empresarios, académicos y ciudadanía en general, en un esquema de expresión de las ideas que represente cabalmente el federalismo que debe prevalecer en México.
La duración de este extenso ejercicio democrático, difundido abiertamente por el Canal del Congreso, accesible a todos los mexicanos, tiene por objetivo no solo abrir al máximo la participación en el debate, sino dar el tiempo suficiente para que todo ciudadano interesado siga, entienda y se informe objetivamente sobre cada uno de los puntos que requieren deliberación en esta propuesta de reforma.
Mientras más estratégicos los temas para el país, más abiertos al debate nacional deben estar. Nada en lo oscurito.
Ningún representante de los ciudadanos puede presuponer que sabe lo hay que hacer ni que conoce lo que todos sus representados opinan, necesitan y demandan. Esta actitud es una anulación del principio de la democracia representativa que rige nuestro Estado de Derecho.
Desde este enfoque es que debemos acercarnos a la deliberación nacional sobre la Reforma Eléctrica: cualquier postura inamovible sobre la misma, previa al debate, por parte de los representantes de la nación, conculca derechos ciudadanos y niega de antemano la utilidad de este ejercicio democrático que, por ser insólito en la Cámara de Diputados, lo es también en el país.
Ni siquiera en el debate parlamentario cerrado, la inflexibilidad da frutos para todos, mucho menos en una consulta de amplio espectro como la que estamos por iniciar.
Sin simulaciones y sin prisas, este debate nacional debe convertirse en un verdadero “Parlamento Abierto”; es decir, un foro en el que se oigan directamente todas las voces, sin restricciones; se tomen seriamente en cuenta todas las opiniones y se reflejen en el proyecto final que los representantes de la nación habrán de discutir en el pleno.
