Delitos de cuello azul

No solo rompieron récord en generación de pobres, sino que también lo hicieron en corrupción e impunidad. Con esa distinción histórica ahora vienen negociando -a la menor provocación- un borrón y cuenta nueva, amagando con entorpecer el proceso legislativo. 

La canciller Espinosa, haciendo honor a su apellido, ha logrado que la expedición punitiva conocida como “Rápido y Furioso”, que fue no solo un atentado contra nuestra soberanía, sino ruptura del orden constitucional, quede en puras llamadas de atención a los delincuentes, a los cuales no pretende extraditar del vecino país. 

En tanto, el contralor Morgan Ríos ha sido hábil para ocultar las tropelías de Vega Casillas, al derruir las averiguaciones previas de la conducta de su cónyuge respecto al robo de combustibles y al disipar los señalamientos de sospechosas compras de terrenos efectuadas en Michoacán, próximos a obras federales.

Recientemente, y no obstante que la autoridad judicial ha sentenciado que Muñoz Leos no pudo causar quebranto a Pemex, con un convenio administrativo firmado a unos meses de su renuncia, se rehúsa a reponer procedimiento, imponiendo la multa a quienes sufragaron y operaron ese instrumento, esto es, Suárez Coppel y Ramírez Corzo, hoy proveedor del organismo, asociado con el hijo del ex ministro de hacienda que orquestara ese convenio.

Hoy mira hacia otro lado para no ver cómo Eduardo Romero Ramos, quien recibiera contratos por interpósita persona para servir a Pemex, hoy entrega cuentas ruinosas, ya que solo sirvió de canal vendiéndole espejitos para financiar campañas azules.

La “segunda dama” no sólo usaba a Fonatur para materializar efectivo para pagar conceptos alejados del servicio público, sino que hasta lo usó como fábrica de muebles y de patrocinador educativo. El monto de reasignaciones para contratar de manera opaca empresas de publicidad, no puede, ni debe quedar debajo del tapete.

Calderón sin duda puso el ejemplo, no solo arrancó su gestión violando el artículo 129 de la Constitución al amagar al plantón de Reforma, disfrazando su ilegal orden de guerra contra el narco, sino que permitió el acceso de un portaaviones a territorio nacional sin autorización del Senado. 

Ya entrado en gastos, Cordero atropelló una y mil veces el 126 constitucional, reasignando porcentajes mayúsculos del presupuesto federal, e incluso, concluyendo el ejercicio anticipadamente para hacer lucir mal a los gobernadores, y, con los recursos secuestrados, engordar los “guardaditos” que a la fecha nadie encuentra, cuyos saldos seguramente dibujan su plástica sonrisa. 

Lozano no ha pasado a la “Procu” a tocar el pianito y justificar los recursos que Alejandro Muñoz dice le “pasaron” para armar un movimiento opositor en el SME, ni cómo se desaparecieron los fondos de previsión social y las reservas de LyFC.  

Por su parte, Alessio pensará que todas las pifias procesales son inconsecuentes, pero no es así, aunque claro, Fernando Gutiérrez, del IMSS, lo opaca en eso de tirarse a la lona frente al adversario.  Fincar responsabilidades tomará más de un sexenio, que al fin de cuentas la prescripción promedio es de 7 años. La duda es si realmente se otorgará una “amnistía generalizada” o si se hará justicia. México no aguanta más connivencia e impunidad, que hoy alcanza el grado de “IMPANIDAD”.