De los tribunales a la mesa de diálogo

Entre las múltiples problemáticas que deja el panismo tras 12 años en el gobierno de la República, una será motivo de análisis para la historia será el grado de confrontación al que llegaron con los factores de producción,  empresarios y trabajadores mexicanos. Ya sea por ineptitud, falta de oficio político, abulia o prejuicios de clase, el punto es que ni la administración de Fox ni la de Calderón se caracterizaron por una relación productiva de colaboración con la iniciativa privada. El tema es paradójico pues históricamente se ha pensado que una de las bases de apoyo del panismo, o al menos una de sus fuentes de legitimidad política, era precisamente la representación de los empresarios frente al poder. Aquí hay un asunto asociado al desgaste en el ejercicio de gobierno, que tendrán que analizar los panistas en su proceso de refundación.

Se podrá argumentar que el problema deriva justamente de la firme intención por enfrentar a “los poderes fácticos”, o de la imperiosa necesidad de anteponer los intereses de los consumidores frente a los de “industriales proteccionistas que sólo buscan erigir barreras para evadir la competencia y beneficiarse de mercados cautivos”, etc. Suponiendo que así fuera, el problema sería aún más grave, porque tras  12 años de confrontación nuestra economía sigue cautiva bajo el yugo de fuertes monopolios –incluyendo, por supuesto, Pemex y CFE- y el supuesto beneficio a los consumidores simplemente no se ve, tal vez porque cada vez hay justamente menos consumidores y los pocos que hay cada vez tienen menos para consumir.

Como quiera que sea,  éste es uno de los principales retos que enfrenta el nuevo gobierno. ¿Cómo establecer un ambiente de colaboración con la iniciativa privada para fomentar la inversión y subsecuente generación de empleos en un ambiente de mayor competencia económica y mayor competitividad de la economía? ¿Cómo articular las cadenas productivas de tal forma que nuestras empresas –mayoritariamente pymes- participen del comercio internacional y que las exportaciones nacionales cuenten cada vez con un mayor contenido nacional y valor agregado generado en México?

No hay respuestas fáciles, pero una de las oportunidades es establecer un clima de colaboración y no de confrontación; un clima de confianza que no puede ser más que producto del cumplimiento de compromisos asumidos. Vale la pena recordar que uno de los puntos de quiebre entre la industria nacional y la pasada administración se dio en el inicio de la crisis económica del 2008, cuando en un auténtico “sabadazo” se aplicó el 24 de diciembre de ese año una reducción arancelaria unilateral que afectó a cientos de productores nacionales y que, supuestamente, estaba asociada al cumplimiento de una agenda de competitividad que nunca se cumplió –basta revisar la caída en los indicadores internacionales que miden la competitividad, o el aumento de los costos de energía eléctrica, que era precisamente uno de los compromisos asumidos por el gobierno.

Tras el incumplimiento del convenio, algunas industrias recurrieron al amparo como medio constitucional de defensa ante la arbitrariedad. Algunos de estos amparos, como el colectivo que presentó el Sindicato de la Metalmecánica,  obtuvieron desde febrero de 2012 suspensiones provisionales y definitivas y, no obstante ello, las resoluciones no se han cumplido cabalmente. Atención: aquí se habla de un amparo presentado no por los empresarios, sino por los trabajadores, quienes recurrieron a este medio de defensa por considerar que las reducciones arancelarias unilaterales frente a países que subsidian a sus industrias, como China, generan condiciones de inequidad y ponen en riesgo sus fuentes de trabajo. Este tema por sí solo merece un análisis particular, no solo por ser uno de los primeros amparos colectivos presentados en esta materia, sino por la peculiar unión que se dio entre trabajadores y empresarios contra una medida gubernamental que, desde su perspectiva, amenaza la planta productiva. 

Más allá de revisar la viabilidad e impacto del uso de este tipo de recursos como medio de defensa y la pertinencia de involucrar al Poder Judicial en la conducción de políticas económicas –que es importante analizarlo- lo que esto demuestra es, justamente, el grado de confrontación al que se llegó. El litigio en materia de políticas públicas tiene que ser sustituido por el diálogo y la colaboración y para eso debe haber muestras de buena voluntad de ambas partes. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de llenar este vacío político que condujo a la “judicialización” de temas económicos.