No tiene la culpa Gurría, sino el que le presta el micrófono. No es difícil concluir que su paso por el sector público estuvo lleno de claroscuros, así como que el inocuo organismo al que sirve representa intereses de países víctimas de malas decisiones económicas. Lejos de ser gurú en prácticas exitosas, constituye un eco del modelo fallido del que debemos alejarnos.
Además de enormes costos de membresía a México, la OCDE no le reporta provecho alguno, siendo su servicio de “reconocimiento internacional pagado”, lo único que hemos visto del personaje en cuestión y de su maltrecho club de nuevos pobres.
Por conducto de comités y grupos de trabajo, el organismo nos demanda multimillonarios recursos públicos, en montos no transparentes a los mexicanos, al igual que muchas de las agrupaciones que Meade -desde Hacienda- mantenía contentas a billetazos para generar aprobación del exterior.
Su exagerada presencia en eventos públicos, en supuesta representación de una agencia extranjera, pareciera ser hecha como nuncio de ésta, pero ello no es así, solo usa el membrete para hacer política en México, sin autorización alguna de la instancia del exterior y contradiciendo en ocasiones los diagnósticos hechos al interior de la OCDE.
Ha de ser triste tener que hacer política en el país propio haciendo uso abusivo de una palestra extranjera. Pero también ha de ser triste subirse a los hombros de alguien descalificado intentando ganar popularidad en lo económico.
Es cierto que en el mundo del nuevo colonialismo está de moda tener latinoamericanos al frente de las huestes, como Carstens y Blanco, tal y como en su tiempo, lo hiciera Cortez con la Malinche, pero, ¿será necesario que una agrupación extranjera nos diga que urgen reformas? ¿No será la persona menos idónea para hacerlo un empleado de la OCDE?
Los intereses de inversionistas desesperados que requieren un aperturismo salvaje, se reúnen a lamer sus heridas en la OCDE y en la OMC, y son sus preocupaciones las últimas que el Congreso debe atender al dotar a la República de un nuevo andamiaje institucional, tras la pandemia azul.
Los contratos de largo plazo y los precios draconianos que en toda Latinoamérica impusieron empresas extranjeras, que nada tienen en común con el bienestar de los pueblos que aportan recursos naturales a cambio de dudosas compensaciones, estarán bajo la lupa, y aunque algunos torpes gobernantes como Calderón se inmolaron al defenderles a ultranza, lo cierto es que tarde o temprano sobrevendrá un proceso de revisión de equidad.
Mal haría nuestro país en escuchar al que alguien llamara el “ángel de la dependencia”. A la fecha aún no nos recuperamos de la reestructura del 88, ni de los acuerdos con el albiceleste durante el rescate bancario. ¿Alguien quiere más?
Dónde está el orgullo en que nuestros acreedores o competidores se lleven a sueldo a quienes supuestamente defendieron nuestros intereses. ¿No será que genera más sospechas que alivio?