La ligereza y superficialidad con la que los diputados han abordado la revisión de las cuentas públicas, ha quedado en el bullying parlamentario, sin que los legisladores tengan conciencia de la responsabilidad que implica evaluar el ejercicio presupuestal de un gobierno poco respetuoso de las leyes
La aparente mansedumbre de Vicente Fox es más producto del cálculo legal, que de una objetiva observación del medio político en el que nos desenvolvemos.
Poca gente se ha percatado que en la revisión de las cuentas públicas del foxato se encontraron graves, costosos y delicados desvíos.
Sobresale, por supuesto, el acuerdo alcanzado por el ex Presidente con los grandes intereses de Detroit, mediante el cual desvió miles de millones de pesos (destinados por los diputados a las pequeñas y medianas empresas) para subsidiar a las grandes armadoras que supieron presionarlo para que el Gobierno Federal absorbiera silenciosamente sus pérdidas operativas.
Si bien es cierto, que usualmente es intempestivo y precipitado, en la fijación de su postura política prevalecen las conclusiones de su equipo de abogados.
Sus asesores le han señalado que conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la
Constitución la prescripción comenzó a correr apenas el primer día de su salida del puesto, destacándole que algunos de los tipos penales involucrados tienen un promedio de siete años de prescripción penal.
Así es, Fox aún vive en vilo de ser sometido a la justicia por descalabros al erario federal. Por eso no sorprende que con una mano levante la mano a Josefina y con la otra le eche porras al tricolor.
La ligereza y superficialidad con la que los diputados han abordado la revisión de las cuentas públicas, ha quedado en el bullying parlamentario, sin que los legisladores tengan conciencia de la responsabilidad que implica evaluar el ejercicio presupuestal de un gobierno poco respetuoso de las leyes.
El círculo vicioso corrupción-impunidad en el que nuestro país está atrapado, lamentablemente encuentra sustento en que aquí no pasa nada a nadie, haga lo que haga, se robe lo que robe.
Recientemente, con objetivos de baja mira, agotaron los diputados discusiones en torno a multimillonarios quebrantos y acciones que atropellaron flagrantemente las facultades del legislativo en materia de uso de recursos públicos, pero –apuradamente- apenas alcanzaron a señalar deslices cometidos por la candidata oficial, dejando de lado acciones que rompieron todos los récord en materia de quebranto al patrimonio federal.
Todo quedó en desplantes de tribuna y aspavientos, ya que los legisladores conocen poco de las consecuencias que nuestro ordenamiento jurídico establece para casos de abuso como los corroborados por la Auditoría Superior de la Federación.
Y, digo corroborados, porque en su mayoría los “hallazgos” son precedidos por acusaciones mediáticas o por filtraciones que la autoridad fiscalizadora no tienen más remedio que documentar.
La miopía que genera el proceso electoral en ciernes, permitió que se revisarán faltantes por un par de miles de millones vinculados a la fallida Enciclomedia y, por tanto, a Vázquez Mota.
Pero dejaron en la oscuridad el señalamiento del maquillaje contable operado en Pemex, que involucra pérdidas operativas relacionadas con los PIDIREGAS por 400 mil millones de pesos.
Mismas que el gobierno calderoniano ha mantenido ocultas a autoridades nacionales y extranjeras con la venal intención de continuar endeudando a la petrolera, para así, seguir destinando el ingreso por venta de hidrocarburos al gasto corriente, comprometiendo el financiamiento presupuestario de futuras generaciones.
De forma poco técnica y con el desparpajo irresponsable que los caracteriza, los diputados abrieron la caja de pandora de miles de millones de pesos de quebrantos, para después dejar que corra la prescripción,.
Como siempre, nadie puso en consideración del Ministerio Público Federal los flagrantes delitos por los cuales se rasgaron las vestiduras.