Control eclesiástico y conciencia ambiental: el impacto de la Iglesia Católica en la movilización ciudadana de Monterrey

Durante la década de los ochenta en Monterrey, la Iglesia Católica desempeñó un papel destacado y aparentemente encomiable al brindar un sólido apoyo a la organización comunitaria en la Zona Metropolitana de Monterrey. Diversos sacerdotes diocesanos, que hoy están muertos o se han retirado, impulsaron desde las comunidades eclesiales de base la creación de colectividades comprometidas en abordar los problemas de la comunidad.

Resulta relevante destacar la admirable labor de cooperativas conformadas por mujeres y madres de familia, quienes se unieron para adquirir despensas familiares, así como las movilizaciones en respaldo a grupos estudiantiles en resistencia, exigiendo mejoras en las condiciones del transporte público. Estos son algunos ejemplos de actividades en respaldo a una mejor comunidad favorecidas en esos años desde la Arquidiócesis de Monterrey.

Es importante mencionar que esta visión de apoyo comunitario no fue bien recibida por los sectores conservadores dentro de la Iglesia en Monterrey. Incluso los obispos de la época promovieron la sustitución de los sacerdotes comprometidos, como el destacado cerralvense Cosme Carlos Ríos, por otros de origen franciscano provenientes de Jalisco, quienes promovían una visión más conservadora y asociaban la pobreza material con el culto religioso católico. Esta sustitución no fue arbitraria, ya que los seguidores de la corriente franciscana buscaban desmovilizar a las comunidades eclesiales de base (CEBs) que luchaban por una mejor calidad de vida en sus familias y comunidades, y que tenían una postura crítica hacia los gobiernos. Esta situación ha persistido hasta el día de hoy, debilitando a los grupos críticos y promoviendo una mentalidad pasiva en lugar de una activa.

A pesar de los desafíos y la persistencia de la postura conservadora, grupos reducidos de ciudadanas movilizadas lograron sobrevivir, como el denominado Mujeres de la Esperanza, en Guadalupe, Nuevo León. No obstante, esa postura se mantuvo hasta tiempos más recientes, cuando en 2014 un desastre ambiental de magnitud histórica obligó a la Arquidiócesis de Monterrey a tomar posiciones críticas contra los gobiernos y en apoyo de las comunidades locales afectadas. Este daño fue un derrame masivo de petróleo proveniente de Pemex en Cadereyta Jiménez. Bajo el liderazgo aglutinador del sacerdote José Manuel Guerrero Noyola, párroco de la comunidad de San Juan en ese municipio, se organizaron reclamos de justicia social que habían sido rezagados durante décadas en la zona. La iglesia se convirtió en un espacio de apoyo y movilización en busca de la equidad social tan anhelada por las comunidades locales afectadas.

La notoriedad adquirida por Noyola es innegable y se ha convertido en una figura destacada dentro del catolicismo local. Sin embargo, es evidente que la Iglesia ha intentado limitar su visibilidad trasladándolo a regiones rurales con menos población. A pesar de esto, ha sabido adaptarse y ha mantenido una postura crítica a favor de las personas a las que la Iglesia intenta silenciar. Este tratamiento en buen grado refleja la política religiosa predominante en la Iglesia de Monterrey, donde las voces discordantes no siempre son bien recibidas.

La tragedia en Cadereyta impulsó una movilización católica y ecuménica que coincidió con la publicación de la encíclica Laudato Si, la cual promueve el cuidado ambiental desde la perspectiva del catolicismo. En respuesta a la exigencia de reparación del daño en Cadereyta, la Arquidiócesis de Monterrey, en sintonía con la línea de Roma, creó la Comisión Arquidiocesana de Medio Ambiente de Monterrey. Bajo el liderazgo del obispo local Alfonso Miranda, se logró un inusual grupo llamado Movimiento en Defensa de la Madre Tierra, donde diversos grupos sociales aceptaron unirse bajo el liderazgo católico. Esta iniciativa buscaba gestionar la demanda de mejores condiciones para el medio ambiente en la ciudad desde una institución religiosa.

Este movimiento logró alcanzar resultados significativos, como influir en la cancelación del proyecto Monterrey VI, el cual buscaba abastecer de agua a la ciudad utilizando aguas contaminadas del río Pánuco. Sin embargo, ahí se detuvieron los avances. El líder de la Arquidiócesis manifestó en intercambios con miembros del Movimiento que no podía mantener posturas confrontacionales contra el gobierno. Esta situación, una vez más, reflejó la desmovilización que la propia Iglesia había propiciado, recordando episodios similares ocurridos en la década de los 80.

Después de impulsar la organización del Movimiento en Defensa de la Madre Tierra, Alfonso Miranda asumió el cargo de secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dejando la ciudad de Monterrey. Aunque expresó que su partida se debía a su deseo de respaldar la movilización ambiental desde una posición política de mayor alcance, la realidad es que, tras su salida, la Iglesia no quiso sustituir su papel aglutinador. Como consecuencia, el Movimiento experimentó un declive que casi llegó a desmovilizarlo por completo. Hoy en día, la Comisión Arquidiocesana de Medio Ambiente se mantiene vigente gracias a las posiciones públicas y el compromiso del padre José Manuel Guerrero Noyola. A pesar de encontrarse en una zona alejada de la metrópoli, en un municipio cercano a la frontera norte mexicana, ha continuado liderando y defendiendo la causa ambiental, en algo que representa más su posición personal que la de la institución católica.

La Iglesia Católica, como institución con influencia y poder, ejerce un papel de control y regulación sobre la movilización ciudadana en determinados momentos en los que esta alcanza picos notorios o visibles. A través de mecanismos internos, como cambios de liderazgo, reubicación de sacerdotes con posiciones críticas y limitación de espacios de participación, la Iglesia en los hechos desactiva o disminuye el ímpetu de movimientos sociales que puedan ser considerados desafiantes para su autoridad y para el statu quo establecido. Estas acciones evidencian la capacidad de la institución para mantener el control sobre la participación ciudadana y direccionarla hacia caminos que sean más acordes con sus intereses y prioridades.

Es importante reconocer que este mecanismo de control también debe ser valorado en el contexto de otros subgrupos conservadores y de derecha radical, como el grupo “Caminando con María”. Estos, desde sus posiciones económicas y de poder, parece que han impuesto su voluntad sobre el titular de la Arquidiócesis en proyectos de despojo e inmobiliarios, como el caso emblemático de la Explanada de la Virgen ubicada en la colonia Independencia de Monterrey. Estas acciones reflejan la influencia de intereses particulares en detrimento del bienestar y la participación ciudadana, y demuestran cómo ciertos grupos pueden ejercer un poder desproporcionado dentro de la Iglesia y en la toma de decisiones que afectan a la comunidad.

Es fundamental visibilizar y analizar el poder de la Iglesia Católica, cómo ejerce control y logra imponer su voluntad en diversos ámbitos de la vida pública de Monterrey. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de establecer mecanismos más estrictos y transparentes para regular su influencia y evitar que intereses particulares y religiosos prevalezcan sobre el bienestar común.

Twitter: @tonyo_hernandez