Contratista ensombrece al Tren Maya

Cotrisa tuvo a mal signar un contrato con la empresa IMA Especialistas en Electrificación Ferroviaria, señalada de recurrir a tácticas cuestionables
Julio Pilotzi Julio Pilotzi Publicado el
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Tras las luces de los reflectores que iluminan al Tren Maya, una historia de engaño y despojo ensombrece a la icónica obra. En el epicentro del escándalo se encuentra ICA, de Guadalupe Phillips, empresa favorita del gobierno de López Obrador y responsable de la construcción del Tramo 4, que corre de Izamal, en Yucatán, a Cancún, en Quintana Roo. El asunto está en que una de sus contratistas, Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V. (Cotrisa), quien se adjudicó un contrato valorado en 3 mil 600 millones de pesos para el diseño, provisión y realización del proyecto eléctrico del Tramo 4 del 22 de mayo de 2022 hasta el 23 de junio de 2023, tuvo a mal signar un contrato con la empresa IMA Especialistas en Electrificación Ferroviaria (IMAEEF), firma señalada de recurrir a tácticas cuestionables para enriquecerse a costa del proyecto emblema del presidente.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, IMAEEF se comprometió con Cotrisa para supervisar la instalación, suministro y construcción del sistema de catenaria para el tramo en cuestión; sin embargo, debido a disputas internas y estrategias engañosas la labor que prometió desempeñar ya presenta retrasos que se calculan en 2 meses, lo que sin duda amenaza con descarrilar un proyecto vital para el desarrollo turístico de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el ojo del huracán, se destaca Elizabeth Escamilla Gerónimo, una ambiciosa accionista de IMAEEF, quien parece ansiosa por controlar la jugosa porción del contrato, valorada en 3,600 millones de pesos. El entramado inició desde la constitución de dicha empresa, cuando Eric Pipiorski ostentaba el 70 por ciento del capital como accionista principal; no obstante, el escenario cambió meses después, cuando el segundo al mando, transfirió el 30 por ciento del capital restante a Escamilla Gerónimo. A partir de ese momento, se observó su intento por controlar los recursos acordados con la subsidiaria de ICA.

Según acusaciones presentadas ante las autoridades de la CDMX y de Yucatán, Escamilla Gerónimo habría emprendido una serie de acciones ilegales, tales como la destitución de técnicos especialistas clave y la introducción de personas de su confianza. Aparentemente, también convocó a asambleas ‘fantasma’ para apartar a Pipiorski, pese a que él es el accionista mayoritario. Además, parece que la mujer conspiró con Emiliano Vargas, representante legal de Inver-Planning, para obtener de manera indebida la firma electrónica de Eric Alain. El propósito detrás de esta maniobra sería apropiarse de los fondos federales que permitirían comprar apoyos como el de Liliana Gutiérrez Robles, titular de la notaría 44 que validó la revocación de poderes de Pipiorski y otros especialistas de IMAEEF.

Es importante destacar que, a fines de abril de este año, directivos y personal de IMAEEF fueron desalojados violentamente de sus instalaciones, tanto en la ciudad de Yucatán, como de la CDMX. Este incidente, asistido por el despacho Cervantes Abogados, también implicó la confiscación de las oficinas principales, el almacén de obra, equipos de cómputo, celulares, vehículos y correo electrónico. A los afectados se les notificó de su despido durante el altercado. Indudablemente, este caso trasciende la esfera privada y se convierte en un asunto de interés público, ya que por sobre todo, implica recursos nacionales. También deja en entredicho el actuar de la Secretaría de Economía, de Raquel Buenrostro, por admitir a sus registros inscripciones ilegales, además del escándalo que representa la expulsión violenta de personal y los posibles retrasos en el proyecto. Todo ello hace sonar las alarmas.

Voz en Off

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