Múltiples son los problemas generados por Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y sus filiales en el mundo de la construcción, el origen: la deuda de más de 110 millones de pesos que perjudica a la Infraestructura de Desarrollo Construcciones Peñascos, Marco Antonio Valdez y Kypcon Ingenieros Civiles.
Debido a que el impago comenzó desde hace años en algunos de los ejemplos, y a que el equipo comandado por Guadalupe Phillips no atiende ningún intento de comunicación para liberar las facturas correspondientes, las cuatro quejosas ya conformaron el consorcio conocido como “Empresarios afectados por ICA” y sus filiales.
Las vicisitudes a las que se han enfrentado incluyen atrasos en la nómina, complicaciones para cumplir con prestaciones y aguinaldos, recortes de nómina, y hasta peticiones de crédito, todo provocado por las omisiones de la Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Península Maquinaria y Equipo Pesado, Constructora El Cajón, Compañía Hidroeléctrica La Yesca, Holding Prefabricados y directamente de ICA, ante lo cual se han iniciado procesos legales en al menos tres casos. Frente a la indolencia de Ingenieros Civiles Asociados y sus distintos brazos es imposible cuestionar ¿por qué no se han cubierto los servicios de las proveedoras, a pesar que la compañía liderada por Phillips Margain fue una de las más socorridas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Recordemos que en el sexenio recién culminado le fueron asignadas obras distintivas del tamaño del Tren Maya, la Refinería Olmeca, el puente vehicular Nichupté y el puente atirantado del Tren México-Toluca, por mencionar algunas.
¿La presidenta Claudia Sheinbaum confiará en empresas que terminan por dañar a los que menos tienen? No pierda de vista que esta no es la primera vez que ICA es expuesta por sus millonarios adeudos con las firmas que lo abastecen, uno de los casos más emblemáticos con Energéticos Internacionales, a la que se negaba a pagar sin importar las sentencias que lo obligaban. No pierda de vista que la empresa de Phillips Margain fue especialmente favorecida en los mandatos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, cuando le perdonaron miles de millones de pesos en impuestos.
Maíz de garantía
La decisión del gobierno mexicano de reducir el precio de garantía del maíz para pequeños productores ha generado inconformidad entre agricultores de diversas regiones del país. Esta medida afecta a quienes trabajan en terrenos menores a cinco hectáreas, con una reducción de mil 70 pesos por tonelada, basada en las compras que Alimentación para el Bienestar, antes Seguridad Alimentaria Mexicana, realiza a estos productores, las cuales se limitan a 200 mil toneladas anuales.
La medida se suma a los problemas estructurales que enfrenta el sector, como la falta de un sistema de acopio eficiente, la inexistencia de una productora nacional de semillas certificadas y la ausencia de una denominación de origen para el maíz mexicano. Además, los agricultores se enfrentan, dicen, con la incertidumbre en la comercialización de sus cosechas, que depende de las fluctuaciones estacionales del mercado.
Producir una hectárea de maíz en México puede requerir una inversión de entre 50 mil y 60 mil pesos, lo que reduce significativamente los márgenes de ganancia frente a un precio de garantía cada vez menor. Esta situación amenaza la rentabilidad y sostenibilidad de miles de pequeños y medianos productores, quienes consideran que las políticas actuales no son suficientes para alcanzar la autosuficiencia alimentaria que promueve el gobierno. Ante esta problemática, los integrantes del Sistema Producto-Maíz han solicitado reuniones con las secretarías de Economía, Agricultura y la Comisión Nacional del Agua, mediante la mediación de la Secretaría de Gobernación, para analizar los costos de producción y definir estrategias que beneficien a todas las partes involucradas.
Como medida de presión, un grupo de 200 agricultores va a llevar a cabo un plantón frente a las oficinas de Gobernación en la Ciudad de México, con el objetivo de abrir un diálogo que permita revisar el precio de garantía y establecer políticas más favorables para el sector.
Los productores destacan la necesidad de implementar políticas de estado que aseguren precios justos, insumos accesibles y mayor respaldo tecnológico. Argumentan que en países como Estados Unidos y Colombia, existen mecanismos efectivos para proteger a los agricultores y garantizar su rentabilidad.
De no obtener una respuesta favorable, los productores no descartan la posibilidad de movilizaciones más amplias en la capital del país para exigir soluciones que permitan fortalecer la producción de maíz, una actividad clave para la economía y
Voz en off
Planigrupo LATAM, subsidiaria de Grupo México, lanzó una oferta pública para adquirir hasta el 100 por ciento de las acciones de Grupo Acosta Verde (GAV), ofreciendo dos opciones a los accionistas: intercambiar cada acción de GAV por 10.3 acciones de Planigrupo, equivalente a 183.03 pesos por acción, o recibir 156 pesos en efectivo. El intercambio de acciones ofrece un premio del 17.3 por ciento sobre la opción en efectivo.
La oferta busca consolidar una plataforma líder en centros comerciales en México, con sinergias anuales estimadas en 300 millones de pesos que mejorarán los márgenes operativos. Los accionistas de GAV que opten por acciones de Planigrupo podrán beneficiarse del respaldo de Grupo México y de una mayor bursatilidad en el mercado.
Pero además esta oferta constituye un refrendo de la confianza de Planigrupo y Grupo México en la solidez de la economía del país, así como de su compromiso para seguir contribuyendo al desarrollo económico y el bienestar social…
