El artículo 123 de la Constitución, en su fracción XX, señala que la ley establecerá autoridades para dirimir controversias que se susciten entre los factores de la producción, esto es, entre el capital y el trabajo. Sin embargo, se han convertido en instrumento autoritario para desacatar la ley y desahogar la agenda política de funcionarios sin escrúpulos, interfiriendo en procesos intrasindicales.
En efecto, con funcionarios que durante décadas se han apoderado de las instancias y procedimientos, las “juntas” son un claro ejemplo de la infestación a que se refiere Poiré.
El sector público, social y el privado reconocen sin cortapisa que son esas lúgubres oficinas el núcleo del desorden generalizado que priva en el sector laboral, donde la ley vigente y la que aún no se publica, es y será letra muerta.
Sin embargo, dado que de manera servil e ilegal sirvieron a las legiones albicelestes, torciendo el texto de ley al grado del obedézcase, pero no se cumpla, hoy es claro que no suscita un ambiente de esperanza la aprobación del mal escrito, pero apresurado engendro al que quieren darle faz de reforma estructural.
Los señores feudales que se han apoderado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hoy negocian su permanencia, tras reconocer que el rezago es de decenas de miles de expedientes sin resolver, de juicios en los que el erario federal tendrá que enfrentar enormes quebrantos y de otros que albergan secretamente tortuosos procesos mediante los cuales se mantuvieron prebendas en sindicatos alineados con el corporativismo tradicional.
En otras palabras, alegan los actuales funcionarios de la Junta, tanto los que tienen los puestos directivos como los que realmente la mangonean, que aún hay mucho trabajo sucio por hacer, y que nadie mejor que ellos para hacerlo, bien en las mismas posiciones o desde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dado que Álvaro Castro ahora trata de encontrar alguna vieja credencial del PRI que lo acredite ya no como el sobrino del ministro perredista que quería acabar con la banca mexicana, tras un lamentable episodio hipotecario familiar, sino como uno más de los que se autonombran “institucionales”.
Seguramente habrán convencido a más de un tricolor que las cantidades que faltan en el SAE no se usaron en financiar movimientos sindicales de oposición, controlados por el titiritero maestro Roberto Gil. No, por supuesto les dirán que el dinero aparecerá si ellos permanecen en sus puestos.
Pero bueno, en tanto explican cómo es posible que un secretario del trabajo, que se dice abogado, haya sido capaz de embaucar a un gobierno sosteniendo la peregrina idea de que un decreto del ejecutivo es un caso de fuerza mayor para el gobierno federal, seguramente echarán mano de la lisonja, la adulación y hasta de los más bajos instintos para colarse a la nueva administración y así poder cubrir lo que hicieran sus otrora jefes, hoy cómplices.
Se cuenta que el líder petrolero se llevó a la anterior secretaria Auxiliar de Huelgas un tiempo al Instituto Mexicano del Petróleo, en reconocimiento de logros en complejas batallas, valiéndole, por supuesto, el conflicto de interés, así como que su sustituto fue el artífice de cómo ese sindicato pudo sortear las difíciles aguas de la renovación de mesa directiva y la emisión de tomas de nota, con interpretaciones que noquean a cualquiera en sus cinco sentidos.
Ingenuamente sus actuales jefes creen que a ellos se deben, pero las medallas tarde o temprano mostrarán a qué bando pertenecían.