Sin dudas es una buena noticia la que anunció ayer el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.
Esto es que el presidente Enrique Peña Nieto pronto enviará al Congreso las iniciativas de las leyes relativas a la creación y funcionamiento de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción, lo que es buena noticia.
Sin embargo, los problemas centrales no serán tanto normar las facultades que tendrán los fiscales, ni la forma en que habrán de funcionar las fiscalías, sino el designar a los más aptos y honestos para esos puestos.
Y es que estando las cosas como están, podríamos tener el mismo problema que tuvo que afrontar el famoso Diógenes, quien todos los días caminaba por las calles con una lámpara encendida para ver si encontraba un hombre honesto.
Eso, además de que abatir la corrupción no nada más es una cuestión que dependa de la voluntad, capacidad y honestidad de un fiscal o dos.
La corrupción es un problema tan generalizado, tan complejo y tan profundo que, aunque no les guste a algunos, habrá que reconocer que también es un problema cultural, como dijo el presidente Peña Nieto.
Nomás no pudo gobernar
Quienes creían que Gabino Cué sería uno de los mejores gobernadores de Oaxaca, están sumamente decepcionados.
Y es que a lo largo de casi cuatro años, el “gobernador” Cué no solo no ha podido controlar a los maestros de Oaxaca, sino que ahora ni siquiera puede meter al huacal a su propia policía, porque ya se le declararon en huelga.
De ahí que algunos legisladores le estén pidiendo casi a gritos al Gobierno Federal que les manden a la Gendarmería.
De poder a poder
Mientras que el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, insiste en cerrar la mina de Cananea, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dice que la jurisdicción en este asunto es 100 por ciento federal.
Y es que si como dice el gobernador panista, la operación de Cananea representa un riesgo ecológico y para la salud, no debería seguir funcionando.
En cambio, sin embargo, si los problemas ya fueron resueltos, cerrar la mina sería tanto como atentar contra una fuente de trabajo.
Pero ¿cuál es la autoridad facultada por la ley para decirlo?
Si se trata un problema de salud, ecología y trabajo, todo apunta a que el secretario Alfonso Navarrete Prida sea el que tenga la razón.
Sin embargo, más allá de a quién le asista la razón en materia de competencia y jurisdicción, o quién pueda más en el asunto, aquí lo que urge definir cuanto antes es si la mina puede seguir funcionando sin mayores riesgos ecológicos, y si su funcionamiento no representa alguna amenaza para la salud y la seguridad de los ciudadanos de Sonora.
