El presidente Peña Nieto tiene razón. Hay intereses que quieren desequilibrar su gobierno en “un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación”.
Las evidencias abundan. Y solo el que no las quiera ver no las verá.
Lo hemos dicho desde hace varias semanas, si no es que hace meses, en esta columna.
Existen una o varias manos que mecen la cuna de la desestabilización.
El presidente Peña Nieto también tiene razón en que en el tema de la “casa blanca” es parte del complot.
Y no es que estemos diciendo que los periodistas que hicieron la investigación de la escandalosa adquisición de la mansión obedezcan a un oscuro interés, sino que ya desde la campaña del 2012 el gobierno de Felipe Calderón tenía la ficha completa de la historia de la adquisición de esa residencia.
En aquellos días de campaña algunos comunicadores fueron citados en el CEN del PAN por un alto funcionario quien dio pelos y señales sobre la ubicación de la residencia.
La petición era obvia. Asestar un golpe fatal al candidato presidencial de PRI, Enrique Peña Nieto.
El escándalo no estalló entonces porque el PAN-Gobierno, por alguna razón, se negó a dar más detalles de la adquisición.
El señalamiento del complot es grave y se esperaría que el Gobierno Federal actúe rápidamente para sacar a la luz a los autores intelectuales de la desestabilización antes de que se desbarate el proyecto de nación.
La autonomía no es soberanía
Los que sostienen que es ilegal que la policía entre a las instalaciones de la UNAM alegando una violación a la autonomía de la institución, incurren en un gravísimo error.
Y es que la Universidad no es un estado soberano independiente de los Estados Unidos Mexicanos, como sí lo es, por ejemplo, el Estado Vaticano respecto a la República Italiana, a pesar de tener un pequeño territorio y estar asentado dentro de la ciudad de Roma.
No estaría nada mal que alguna caritativa persona se compadezca del senador Encinas y le regale un ejemplar de la Constitución de la República.
En ningún apartado de la Constitución se establece que el gobierno de la UNAM sea gobierno soberano e independiente del Estado Mexicano.
Y mucho menos que la autoridad competente no tenga jurisdicción sobre la circunscripción territorial de la Universidad.
