La ciudadanización del Poder Judicial: Hacia una elección transparente y participativa

En días recientes, se han aprobado importantes reformas y adiciones a leyes secundarias con el objetivo de democratizar el proceso de selección de los altos cargos del Poder Judicial de la Federación.

Las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral representan un paso crucial hacia la ciudadanización de este poder, sin comprometer su autonomía y eficiencia.

Las reformas buscan garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad y legalidad en cada etapa del proceso electoral, mediante el establecimiento de un marco normativo robusto que proteja los derechos político-electorales de quienes participen en la elección.

En 2025, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de los tribunales colegiados de Circuito y jueces de los juzgados de Distrito.

Uno de los aspectos más innovadores de este proceso es la inclusión de la ciudadanía como pieza clave en la elección de las personas juzgadoras. La convocatoria, publicada recientemente por el Senado, garantiza la participación en igualdad de condiciones para todos aquellos que cumplan con los requisitos constitucionales, cuyas bases se encuentran establecidas en los artículos 95, 96, 99 y 100 de la Constitución.

Para asegurar la idoneidad de los aspirantes, un Comité de Evaluación conformado por quince personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica—propuestos por los tres poderes de la Unión—se encargará de evaluar los perfiles. Esta medida busca fomentar la paridad de género y asegurar la integridad del proceso.

El comité seleccionará a los perfiles mejor evaluados para que, posteriormente, mediante un proceso de insaculación, se elijan a los finalistas. El Senado también tomará en cuenta a las personas juzgadoras que ya están en funciones, salvo aquellos que decidan declinar su candidatura.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales serán responsables de organizar la elección, garantizando la equidad y transparencia en el proceso.

Entre sus funciones destaca la aprobación de la boleta electoral, la organización de debates entre las personas candidatas, y la supervisión de que no se utilicen recursos públicos o privados para financiar campañas.

Fechas clave del proceso

• 16 de octubre de 2024: Emisión de la convocatoria por el Senado de la República para la participación de los tres Poderes de la Unión.
   
• 31 de octubre de 2024: Instalación del Comité de Evaluación, compuesto por cinco personas de prestigio en el ámbito jurídico.
   
• 4 de noviembre de 2024: Publicación de la convocatoria a la ciudadanía para la conformación de los Comités de Selección.
   
• 24 de noviembre de 2024: Cierre del periodo de inscripción de aspirantes.
   
• 15 de enero de 2025: Verificación de la documentación de los postulantes por parte de los Comités de Evaluación.
   
• 31 de enero de 2025: Entrevistas de los postulantes y selección de 10 perfiles para ministro, magistrado electoral y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, así como seis candidatos para magistrados colegiados de Circuito y jueces de Distrito.
   
• 5 de febrero de 2025: Proceso de insaculación y depuración de finalistas por los Comités de Selección.
   
• 12 de febrero de 2025: El Senado remite la lista final de aspirantes al INE, que iniciará la preparación de la elección.
   
• Primer domingo de junio de 2025: Jornada electoral extraordinaria para elegir a los cargos del Poder Judicial.

La elección extraordinaria del 2025 marcará un hito en la historia democrática del país, sentando las bases para un Poder Judicial más cercano a la gente, pero igualmente fuerte y autónomo.

Este proceso representa una oportunidad única para avanzar hacia un sistema judicial en el que la legitimidad provenga directamente del voto popular, asegurando así que las y los juzgadores sean verdaderamente representativos del pueblo mexicano.