La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa Casanova Vallejo debido a irregularidades en contratos firmados con el ISSSTE. Foto: Especial

Casanova Vallejo busca amparo

Al Grupo Casanova lo conforman las empresas Casanova Rent Volks, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent

En apenas 14 meses, la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Roberto Salcedo Aquino, inhabilitó por segunda ocasión a la empresa Casanova Vallejo del grupo Casanova, propiedad de los hermanos Joaquín y Carlos Echenique, debido a irregularidades en contratos firmados con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Pedro Zenteno. La primera sanción fue emitida en septiembre de 2022 y la segunda el pasado 24 de noviembre de 2023. De acuerdo con las circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la inhabilitación de 2022 le impedía a Casanova Vallejo participar en contrataciones públicas por 45 meses y la reciente por 30 meses.

Pero luego de interponer un recurso judicial, la empresa de los Echenique Casanova logró evadir el primer castigo por algunos meses y continuó obteniendo contratos con dependencias y entidades de la administración pública. Solo en 2023 lleva 46 asignaciones para el arrendamiento de vehículos por 129 millones 126 mil pesos, la mayoría a través de procedimientos de adjudicación directa, de acuerdo con datos de Compranet. Aunque el Poder Judicial le otorgó una suspensión que abarcó del 12 de noviembre de 2022 al 6 de junio de 2023, a partir del 7 de junio continuó vigente, informó el OIC del ISSSTE en una circular el 21 de julio de 2023, para nuevamente quedar inhabilitada en noviembre pasado por un periodo equivalente a dos años y medio, y se especula que los empresarios Joaquín y Carlos ya están buscando una nueva suspensión del Poder Judicial.

Al Grupo Casanova lo conforman las empresas Casanova Rent Volks, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent. Con estas cuatro sociedades, los Echenique han facturado al menos 12 mil 781 millones de pesos en los últimos trece años en contratos con dependencias del Gobierno federal.

En este 2023, en su lista de clientes aparecen la Secretaría de Cultura, de Alejandra Frausto Guerrero; el Instituto Nacional de las Mujeres, de Nadine Gasman Zylbermann; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de María Luisa Albores González; la Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco Marqués; la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de Julio César Cervantes Parra; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a cargo de Nuria Fernández.

Están además el Instituto Mexicano del Seguro Social, de Zoé Robledo; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Rogelio Ramírez de la O, entre muchos otros. Llama la atención el que le entregó por asignación directa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que lleva Adán Peña Fuentes, para el arrendamiento de vehículos hasta el 31 de diciembre de 2024, por 45 millones 279 mil pesos.

Fallas en SRE

El engranaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que lleva Alicia Bárcena, camina lejos de los ritmos acostumbrado en lo que toca a la relación con proveedores de diversos bienes y servicios, lo comento porque con su llegada a la dependencia fueron relevados todos los encargados de dar seguimiento a las compras. La situación ha creado un caldo de cultivo más que interesante, pues mientras la nueva plantilla vive su curva de aprendizaje, el miedo por las investigaciones a sus antecesores ha provocado que en casos como el de las oficinas de expedición de pasaportes, el escenario se recrudezca.

Por ejemplo, en lo que toca al aseo de instalaciones, no fue hasta este 30 de noviembre que se notificó a la contratista sobre deducciones de junio, julio, agosto y septiembre, que de acuerdo con diversos testimonios no solo llegan a destiempo, pues habrían sido calculadas de forma unilateral por la directora de Delegaciones, María Fernanda Hernández Yáñez y su equipo comandado por Antonio Ríos.

De acuerdo con los tiempos marcados contractualmente, los pagos debieron realizarse a mes vencido y en un plazo no mayor de 20 días, reglas que no se cumplieron, por lo que el caso ya se encuentra en manos de la SFP, en la que manda Roberto Salcedo. En tanto, en los pasillos de SRE existe incertidumbre respecto al desenlace de esta historia, sobre todo porque el retraso en el flujo de los recursos durante un tiempo prolongado suele detonar paros laborales, toma de instalaciones, de calles o avenidas, más aún cuando se afecta a los que menos tienen, le hablo de los trabajadores de limpieza. ¿La canciller estará al tanto de los “baches” que se enfrentan?

Voz en Off

Penosamente una empresa de autopartes se ve involucrada en violación de derechos laborales en México. Nuestro país ya admitió la solicitud de revisión presentada por Estados Unidos al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida sobre una presunta denegación de derechos colectivos en Autoliv Steering Wheels Mexico, S. de R.L. de C.V., ubicada en el Parque Industrial O’donnell Aeropuerto, El Marqués, Querétaro. Ojalá que por el bien de sus empleados que resulte clara la investigación porque la exigencia de la Unión Americana es terminar de una vez por todas con esta práctica a la que están acostumbrados los cacicazgos sindicales…

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