La violencia que se vive en Nuevo León lo convierte en un estado sin ley y en retroceso, a pesar de ser una entidad insignia por su contribución a la nación. Foto: Especial

Carretera Monterrey–Reynosa

Muchos de los pueblos de Nuevo León viven la misma tragedia que padecieron en el siglo XIX, la inseguridad

Los días de asueto por el aniversario de la Revolución Mexicana llevaron a las carreteras a miles de viajeros. Las autopistas que conducen a Texas no fueron la excepción, miles de regiomontanos y vecinos de otras entidades pagaron el peaje para usar vías rápidas y seguras.

Carlos Salinas de Gortari, el mismo que critica Morena, pero al cual le debemos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, modernizó, entre otras, la infraestructura del norte de Nuevo León. La tarea la continuó el expresidente Ernesto Zedillo.

Llegar a Laredo o McAllen, desde Monterrey, se hizo fácil y seguro. Las carreteras angostas y sinuosas quedaron atrás. México entraba en la modernidad.

Mientras se limpiaban aduanas, se aumentaban las franquicias y se fraguaba un tratado internacional en comercio, al estado norteño regresaba un poco de lo mucho que le ha dado a México en ingresos.

Hace algunos años encontré el libro “Nuevo León ocupado, aspectos de la guerra México–Estados Unidos” de González-Quiroga y Morado Macías.

Allí se describe la injusta intervención que padecimos, pero también la difícil vida de aquellos días en las poblaciones del norte del estado. Igual sufrían por los ataques de lo que llamaban “bárbaros”, que por gavillas de bandidos o soldados americanos iban en busca de venganza.

Nuevo León es un estado insignia en el país, sede de una sociedad culta e industrial. Su contribución al Producto Interno Bruto y a las exportaciones es de las más importantes de la nación. Sin embargo, hoy vive momentos difíciles, los municipios del norte y sur son tierra sin ley.

Ejemplos hay muchos: en Linares se encontraron cuerpos despedazados; Doctor Coss fue tomado por bandas armadas; la carretera 57 es una trampa para los viajeros; la ejecución de policías es común; y el fin de semana pasado, como ya había sucedido antes, un grupo de narcotraficantes bloqueó la autopista Monterrey–Reynosa.

Muchos de los pueblos de Nuevo León viven la tragedia que padecieron en el siglo XIX. Los pobladores pagan piso, no pueden salir a las carreteras, por las noches se guardan en sus casas y son frecuentes las balaceras.

Es tanto el desorden, que la violencia amenaza con afectar a otras entidades, las cuales refuerzan sus fronteras y toman las precauciones del caso.

En México, la paz no será posible si los gobernadores no asumen su responsabilidad.

Tampoco tendremos avances con cifras maquilladas o sin reconocer que el control del crimen sobre el territorio genera el placebo de paz; esconde la extorsión y la trasmisión de recursos públicos de los municipios a los criminales. La autoridad debe mandar un mensaje de seriedad, firmeza y coordinación.

La frivolidad y el desinterés de los políticos poco ayuda a la construcción de una respuesta al problema.

Para evitar la crítica no es justo, ni correcto, distraer a la población con artilugios de mercadotecnia.

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