El Cañón de Bustamante, en Nuevo León, se encuentra en el Área Natural Protegida Estatal Sierra de Bustamante. Aunque posee características ecosistémicas destacables, también enfrenta presiones y amenazas que ponen en peligro su biodiversidad.
La principal amenaza que enfrenta es el turismo sin una regulación adecuada que se desarrolla en la zona. Este crecimiento descontrolado de la actividad ya tiene consecuencias negativas para la integridad del ecosistema y la conservación de la biodiversidad.
En los últimos meses ha sido evidente la deforestación que se ha llevado a cabo en el Cañón de Bustamante, con el propósito de desarrollar nuevas zonas para la actividad turística. Estos desmontes han afectado áreas que se encontraban en excelente estado de conservación y que no eran adecuadas para actividades recreativas. Esa práctica irresponsable pone en peligro la integridad del ecosistema y compromete la preservación de su biodiversidad.
Los responsables de los daños en el Cañón de Bustamante no han cumplido con los requisitos de sustentabilidad ni han obtenido las autorizaciones necesarias, como la de impacto ambiental. Sorprendentemente, se ha identificado que el personal del Gobierno municipal de Bustamante es quien realiza estos daños con el objetivo de fortalecer el turismo en la zona.
Además de los daños causados por el gobierno municipal, también se han identificado actores privados que han realizado desmontes en las partes montañosas del cañón, sin ninguna regulación y sanción por parte de los tres niveles de gobierno. Estas acciones se han llevado a cabo de manera impune y han causado daños significativos a los ecosistemas del área protegida, mediante construcciones de cabañas en cañadas, habilitación de caminos y relleno del cauce del río. En todos estos casos, se repite la circunstancia de no contar con permiso ambientales.
El Gobierno municipal de Bustamante, responsable de la gestión del turismo en el Cañón, debe solicitar apoyo al Gobierno de Nuevo León para que esta actividad se desarrolle de manera compatible con el cuidado de los notables elementos de esta bellísima zona de montaña. No hacerlo de ese modo y continuar con un desarrollo turístico de modo desregulado es mantener el rumbo hacia una degradación ambiental de la zona.
El mismo Gobierno de Nuevo León requiere implementar de manera inmediata acciones de manejo y administración en esta área protegida de la cual es responsable principal de su cuidado. Esto implica corregir las fallas del proceso para la declaratoria de protección, que fue implementada sin contar con el consentimiento del ejido Bustamante, dueños de la mayor parte de las tierras en el polígono de protección.
Finalmente, la sanción de los daños y la indispensable restauración de los mismos es una acción urgente y obligatoria. En esto tienen responsabilidad la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable de Nuevo León.
Parque Fundidora
Una vez más, amplias zonas del Parque Fundidora en Monterrey están bloqueadas debido a la realización de conciertos, lo que representa una privatización histórica e incompatible con el derecho humano a un medio ambiente sano. Esta situación impide el acceso de la ciudadanía en general a la principal área verde de Nuevo León, lo cual es especialmente preocupante en un contexto de escasez de espacios públicos en la ciudad.
Twitter: @tonyo_hernandez
