El mundo de los trasplantes de órganos se cimbró el 9 de noviembre de 2018, cuando un correo electrónico reveló la existencia de un posible tráfico de órganos en un importante hospital privado de la Ciudad de México. La denuncia de esta situación vino de un experto mundialmente reconocido en trasplantes, el Dr. Francis Delmonico, quien informó sobre un paciente de 81 años que había recibido un riñón de un joven de 20 años desconocido para él.
El paciente quien sufría de insuficiencia renal, al no encontrar un donante en Estados Unidos para su transplante, había recurrido a “altos contactos en México”. El trasplante se habría realizado en junio de ese año.
La denuncia fue realizada al Dr. José Salvador Aburto Morales, actual director general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) de la Secretaría de Salud, quien tuvo que trazar un plan para que no terminara en un escándalo médico en México y un conflicto con autoridades sanitarias de Estados Unidos, justo cuando el presidente López Obrador estaba por iniciar su gobierno bajo la bandera insignia del combate a la corrupción.
Este incidente fue el primer caso documentado en esta administración, de un trasplante de órganos que podría haber sucedido de manera no ética e ilegal en México. En el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera admitió la existencia de 19 casos de posible lavado de dinero vinculado al tráfico de órganos.
El CENATRA tiene entre otras funciones, dar a conocer las cifras oficiales de los pacientes inscritos en el registro nacional de trasplantes en espera de un órgano, al 3 de julio de 2023 había 20 mil 653 personas inscritas, 18 mil 471 de hospitales públicos y 2 mil150 deprivados. Los de riñón, córnea, hígado y corazón son los más demandados.
Del total nacional de pacientes trasplantados en México que provienen de un donante fallecido, los hospitales privados realizan el 22 por ciento de córnea, 19 de hígado, siete de corazón y el 6 por ciento de los trasplantes renales. Mientras que, las donaciones de algún órgano se realizan en hospitales públicos en el 97 por ciento de los casos, y en los privados tan solo se obtiene el 3.
Evidentemente, hay incongruencia entre el número de trasplantes y las donaciones concretadas, a todas luces expone que los hospitales privados y sus médicos de trasplante, están a la caza de algún órgano o tejido, aprovechan la debilidad legislativa, misma que les crea oportunidades para que se beneficien de las donaciones generadas por los hospitales públicos.
Además de que no hay cuotas de recuperación por los insumos que eroga el sistema público por cada donación y sin sufrir ningún desgaste, solo alzan la mano para ser favorecidos, sí ellos, porque el receptor de ese órgano debido a los altos costos del medio privado sufrirá un gran golpe a su economía, aunque reciba un trasplante de una donación altruista.
Es urgente y necesaria una mayor transparencia en este tema, la propuesta para la siguiente administración es: exigir una mayor participación de los hospitales privados en la procuración de órganos modificando la legislación en la materia, incrementar las atribuciones y rectoría del CENATRA y mejorar su presupuesto y estructura organizacional.
Un paciente no puede caer en pobreza por tener que pagar sumas millonarias por un trasplante en un medio privado, ni mucho menos cuando se trata de una donación altruista obtenida en hospitales públicos, porque de lo contrario, se tendrá que valorar si las donaciones y los trasplantes de “fuente cadavérica” se deben realizar solo en las instituciones públicas.
