Ayotzinapa, partidos rebasados y corrupción moral

Ayotzinapa solamente confirmó lo que en México todos sabemos, pero guardamos silencio.

Nadie puede negar la descomposición de un gran sector de la clase política que conlleva al deterioro sistemático de la clase social.

Ni duda, el sistema de partidos políticos está rebasado por la sociedad.

Los hechos de violencia en Ayotzinapa lo demuestran. Las protestas y el rechazo a estos, generados a nivel nacional, lo obvian.

En dónde se encuentra el líder del PRI, César Camacho Quiroz y concretamente qué realiza su organización política para demostrar solidaridad por lo ocurrido.

A su vez, el PAN, con su dirigente Ricardo Anaya, solo ha confirmado que un ciudadano simplemente representa un voto en cualquier proceso electoral. Ese es el precio de los mexicanos en edad de votar.

En su momento Jesús Zambrano, al frente del PRD, hizo lo propio. La izquierda se mercantilizó y las diferentes ideologías que la conformaban se perdieron en la frivolidad que otorga el poder.

De Carlos Navarrete, qué se puede decir cuando hay serias acusaciones en su contra, las cuales establecen que fue uno de los más empecinados para convertir a José Luis Abarca Velázquez en alcalde de Iguala, Guerrero ¿complicidad por omisión o comisión?

Cuando por la codicia del poder político y sus “beneficios” colaterales se imponen a los intereses de un partido político, se ha perdido todo, como la dignidad y la vergüenza. 

Hoy, todos los partidos políticos están a una seria disyuntiva, rectificar la ruta y dejar de convertirse en simples mercaderes de esta praxis o ratificar lo que, desde hace tiempo, se viene percatando la sociedad.

Es decir, que los intereses personales son parte de los conceptos “ideológicos” de quienes dirigen y militan en las organizaciones políticas.

¿Qué es la derecha en el país?

¿Qué es la izquierda?

¿Realmente hay izquierda y/o derecha en México?

¿Qué fue primero, la corrupción económica o la corrupción moral?

Porque la corrupción no se limita a la desviación de recursos financieros públicos a cuentas bancarias privadas.

La corrupción va mucho más allá del peculado, del tráfico de influencias, del abuso del poder, de la demagogia y de la mentira, que se han convertido en moneda de uso corriente en el sistema político mexicano, con o sin Partido Revolucionario Institucional. Con o sin Partido Acción Nacional en la Presidencia de la República.

Corrupción también es retardar la aplicación de la ley sin tomar en cuenta a la justicia, para que se haga cargo de los culpables o responsables, por omisión o comisión, de ciertos hechos.

Este es el caso concreto del ahora exgobernador perredista, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien en medio de toda la impunidad ha pedido licencia a su cargo sin ser tocado y, mucho menos molestado, por los poderes judicial, estatal o federal de nuestro país.

Oficialmente está protegido, goza de inmunidad gracias a los acuerdos, por las buenas o por las malas, entre los actores políticos. Aguirre Rivero  no está huyendo como el exedil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de Los Ángeles Pineda.

El status del expriista convertido al perredismo, por el mero capricho de ser gobernador por segunda vez, es diametralmente diferente a la de la expareja imperial municipal. 

Quiérase o no, el ahora exmandatario estatal  es un ciudadano de primera clase gracias a los buenos oficios de Carlos Navarrete, hombre de papel de “Los Chuchos” Ortega y Zambrano.

No debemos pasar por alto que, durante 27 días, Ángel Heladio fue juez y parte en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

La corrupción moral que nos lleva aceleradamente a una descomposición social y política, provocó que el 26 de septiembre un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa fuera reprimido por sicarios, convertidos en policías, o policías actuando como sicarios.

En esos hechos seis jóvenes perdieron la vida. Otros 20 resultaron heridos y, transcurridos 31 días, 43 normalistas continúan desaparecidos.

Aguirre Rivero, después de 27 días críticos por lo acontecido en el municipio de Iguala, solicitó licencia para dejar el cargo. Pero esta maniobra meramente política no provocó que los 43 normalistas desaparecidos hayan sido ubicados en alguna parte de Guerrero o en determinada región del territorio nacional.

Se trató de desinflar un grave problema con una acción política bastante tardía y descarada.

El  problema continúa y las preguntas se multiplican.

Hace unas semanas precisamos que la dirigencia de Carlos Navarrete en el PRD había nacido muerta ante la reacción pueril que tuvo por los hechos violentos de Ayotzinapa, así como por su incoherente y explicable protección para Ángel Heladio Aguirre.

Estas actitudes confirman la corrupción moral y política que hoy predomina en los vestigios que quedan de la izquierda perredista en México.

El PAN y el  sistema nacional anticorrupción

Después de 24 días de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 20 de octubre Ricardo Anaya, dirigente del PAN, propuso un Sistema Nacional Anticorrupción, pues el costo anual por esta práctica asciende a 1.5 billones de pesos, dijo.

Y mientras a nivel nacional e internacional crecía la indignación y en consecuencia las protestas por la criminal represión en Guerrero, Anaya y sus acompañantes nunca se refirieron al caso de Iguala, en esa conferencia de prensa.

La lectura, ante el silencio del PAN por la violencia y la criminalización de la protesta social, es que la corrupción moral y la corrupción política se encuentran en otro tipo de las “prioridades” nacionales.

Ricardo Anaya y el PAN posiblemente “querrán” reeditar lo ocurrido en Italia en 1992, cuando el fiscal Antonio Di Pietro inició un proceso con el que se descubrió una red de corrupción en la que estaban involucrados los principales grupos políticos, así como empresarios y grupos de industriales. Acciones conocidos como “Operación Manos Limpias” (Mani Pulite).

El ataque frontal a la tangentopoli (soborno), causó impacto entre la opinión pública italiana.

Fue el 17 de febrero de 1992 cuando Antonio Di Pietro, procurador de Milán, obtuvo una orden para detener a Mario Chiesa, integrante del Partido Socialista Italiano, PSI.

Chiesa fue capturado en sus oficinas cuando recibía un soborno de 7 millones de liras. La cantidad provenía del empresario Luca Magni, que de común acuerdo con Di Pietro, fue a entregar la mitad del dinero que exigía el dirigente del PSI, Mario Chiesa, por haber logrado una concesión valuada en 140 millones de liras.

Con ello se iniciaron numerosos arrestos de políticos. Ante ello, el líder del PSI, Bettino Craxi, rechazó la existencia de una red de corrupción política en Italia.

Sin embargo, Chiesa confesó que la corrupción era generalizada en el ámbito político. Además, las investigaciones aparecieron en un momento electoralmente clave, porque en abril 1992 se desarrollarían elecciones legislativas.

En toda esta operación, conocida como “Tangentopoli”, se vieron obligados a declarar unos 4 mil empresarios y políticos de diferentes organizaciones.

Las elecciones legislativas resultaron caóticas para los grandes partidos políticos.

Treinta días después se realizaron los comicios presidenciales en los que resultó triunfador Oscar Luigi Sacalfaro, quien al momento de tomar posesión del cargo rechazó toda concesión a los partidos políticos  involucrados en la corrupción, dejando que se aplicara la justicia.

Ricardo Anaya, el presidente del PAN, con su iniciativa para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, debería considerar como sus principales integrantes a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón, a Diego Fernández de Cevallos y a Juan Molinar Horcasitas.

Anaya tampoco debe olvidar a Luis Alberto Villarreal, a Jorge Iván Villalobos, a Martín López Cisneros y a Máximo Othón Zayas.

Otro panista decente que tiene que ser tomado en cuenta es el exalcalde y diputado federal Fernando Larrazábal.

Guillermo Padrés tampoco suena mal para eso de la anticorrupción.

En el PRD hay numerosos aspirantes para integrar, de ser necesario, este Sistema, por ejemplo: Fernando Belauzarán, René Bejarano, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Ángel Heladio Aguirre Rivero (hasta el momento no ha sido expulsado del PRD), Mauricio Toledo, Víctor Romo, Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard.

En el PRI, también hay material: Humberto Moreira, Andrés Granier Melo, Eugenio Hernández Flores, Mario Marín, Ulises Ruiz, Félix González Canto, Joaquín Hendricks, Aristóteles Sandoval, César Duarte Jáquez y Eduardo Bours.

Con este Sistema Nacional Anticorrupción, empiezan las preguntas:

¿Quién jugaría el papel de Antoni Di Pietro?

¿Quién estaría a cargo del rol de Mario Chiesa?

¿Quién interpretaría el protagónico de Luca Magni?

¿Quién sería el Bettino Craxi, mexicano?

¿Y quiénes serían los 4 mil empresarios y políticos que serían obligados a declarar?

Por cierto, el diputado federal sonorense, Manlio Fabio Beltrones, apoyó la iniciativa del panista Ricardo Anaya.

Anecdotario de Ángel Aguirre Rivero

Ocurrió el 12 de diciembre del 2012, cuando agentes ministeriales, policías federales y estatales, reprimieron una manifestación de normalistas del plantel “Raúl Isidro Burgos”.

Los hechos ocurrieron en la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal. En ese lugar murieron por disparos de arma de fuego, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

El 19 de Diciembre del 2011, un juez otorgó a la PGR el arraigo de 12 policías de Guerrero, quienes presuntamente participaron en esos hechos.

Durante los primeros días de enero del 2012, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, se comprometió a esclarecer la muerte de los dos normalistas de Ayotzinapa, así como el empleado de una gasolinera, pues no es aceptable la impunidad, adujo Plascencia.

En esa ocasión recibió a una comisión de 15 alumnos de la Normal Rural  de Ayotzinapa, quienes le solicitaron investigar la participación de todas las policías. El ombudsman nacional refirió que “comparecerá todo aquel que tenga que comparecer”.

Si hace tres años ocurrió algo, ni duda que el hilo se rompió por lo más delgado.