Austeridad Republicana

El gobierno de izquierda de López Obrador planteó la obligación del uso óptimo de los recursos a su disposición, generando mecanismos de optimización financiera
Tonatiuh Martínez Aviña Tonatiuh Martínez Aviña Publicado el
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A inicios de octubre se publicó en la revista Nexos una serie de textos criticando el centro de la gestión de lo público del Gobierno federal, el documento principal es de Guillermo Cejudo, titulado “El mito de la austeridad”, en el que se plantean premisas equivocadas que llevan a conclusiones falsas.

En primer lugar, se subraya que para el presidente la burocracia es “un obstáculo”, “un aparato oneroso e ineficiente”, “un elefante reumático”, las comillas son de Cejudo. Sin contextualizar, usa palabras para vestir errores lógicos.

La burocracia es un aparato administrativo que ha sido duramente criticado, no únicamente por el presidente, el propio término burocrático hace referencia a un trámite engorroso, que lleva tiempo e incluso costoso.

Es así porque a lo largo de los años, se fue haciendo más y más grande la nómina estatal y sobre todo los procesos relacionados con trámites gubernamentales. Fuera de esta óptica popular, el presidente inició su mandato con una transformación de fondo en los recursos humanos de las dependencias del gobierno, los técnicos le llamarían a esto, “reingeniería de nómina”.

Se inició con un recorte al salario presidencial, mientras que en 2012 Peña Nieto tenía una remuneración mensual neta de 254 mil pesos, López Obrador la redujo en más de 100 mil pesos, percibiendo 138,500 pesos.

Este ajuste no es menor, pues los sueldos y salarios de todo el aparato administrativo encuentra su techo en el salario presidencial. Aunque hubo entidades como la Suprema Corte de Justicia de la Nación u organismos autónomos como el INE, el IFT y la COFECE, que se ampararon para no acatar este mandato legal y moral.

Lo anterior solo fue el comienzo de un profundo cambio que llevó a la reestructuración de las dependencias, a mediados de 2022, y de acuerdo con Gatopardo, 70 organismos desaparecieron, se eliminaron 18 subsecretarías, seis organismos desconcentrados, tres organismos descentralizados, una empresa de participación mayoritaria, un organismo autónomo y diecisiete de las 27 oficialías mayores que operaban en cada dependencia.

Lo más importante, lejos de detener por completo la toma de decisiones y curso con que se manejaban las dependencias, demostró ser una decisión acertada. Se adelgazó de la masa burocrática, en términos de lo necesario y no colapsó al gobierno.

Otro elemento del discurso de Cejudo es que no hay prueba de que la corrupción haya disminuido. No obstante, las cifras oficiales indican lo contrario, tan solo por el combate al huachicol, se han ahorrado más de 136 mil millones de pesos de 2018 a 2023. Una acción de gobierno, que coordinó a la fuerza pública federal, estatal y entidades ha permitido al Estado mexicano detener la pérdida de ingresos que implicaba el robo de combustibles.

Otro ejemplo está en la adecuación de los recursos destinados al ramo 23, que en no pocas ocasiones fungía como caja chica para los tres niveles de gobierno. En 2019, el primer Proyecto de Egresos de la Federación, recortó más de 43 mil 500 millones de pesos, un ramo multimillonario que despachaba sin reglas de operación.

Los ejemplos dados, que no los únicos, constatan que el gobierno de izquierda de López Obrador planteó la obligación del uso óptimo de los recursos a su disposición, generando mecanismos de optimización financiera.

Antes de plantear una reforma fiscal, reestructuró el gobierno y el presupuesto. Reflejo de un gobierno serio, que está llevando a cabo una Transformación completa de las instituciones del país, no las está destruyendo, las está reconfigurando con excelentes resultados.

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