En los pasillos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hay dos movimientos inusuales en su estructura en los últimos días que no presagian nada bueno. Primero, nos dicen que se han llevado a cabo distintas reuniones, durante un mes, con directores de área, visitadores, e integrantes del Órgano Interno de Control, en petit comité, pero, lo más extraño, sin la presencia del secretario ejecutivo, Francisco Estrada Correa. Situación anómala, debido a que en la comisión todo pasa por sus manos. El segundo punto, nos cuentan, es que al llevar a cabo las reuniones se da la indicación de que se le da prioridad a los temas más relevantes, ya que se advierte que el grupo de la ombudsperson, Rosario Piedra, no será ratificado en noviembre próximo y lo que quieren evitar es dejar pendientes que les traigan conflictos futuros. Ahora, sí, la CNDH está hecha un rompecabezas. Veremos si les alcanza el tiempo, porque parece que la resignación es lo que impera.
Escala a tribunales
Parece que en los últimos años, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Arturo Reyes Sandoval, son constantes los señalamientos por manejos cuestionables. Aunque serían distintas áreas desde las que se originan las suspicacias, en esta ocasión provienen del gremio de limpieza. El asunto en cuestión, nos dicen, ya escaló a nivel judicial y ahora está en manos del magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Humberto Rosas Franco, quien deberá de determinar qué hacer en el caso de Juan Manuel Padrón Bribiesca, jefe de Departamento de Adquisiciones; Gerardo Alfredo Icaza Palacio, jefe de la División de Adquisición de Bienes y Servicios; y José Alonso García Salazar, director de Recursos Materiales e Infraestructura, funcionarios que impusieron candados que limitaron la participación en las compras relacionadas con el aseo durante el año pasado en el Politécnico, de acuerdo con lo señalado por el área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control. Ahora, todo indica que el problema con este brazo de la Función Pública fue que no aplicó sanciones, a pesar que se trató de un convenio por más de 400 millones de pesos. Atentos.
La desesperación de Delgadillo
En Morena ven tan perdida la elección en Jalisco que su apuesta ahora es buscar anularla con argucias.
En su nueva queja por presunta violencia política de género, la candidata Claudia Delgadillo busca que el IEPC le dé argumentos para poder demandar la nulidad de la elección. El equipo jurídico de la candidata morenista espera convencer a los consejeros y después a los magistrados electorales de que la expresión “hijas de Alito” afectó de manera sustancial e irreparable los principios de equidad de la contienda. De ese tamaño es la desesperación de Morena en Jalisco, quienes desde hace semanas no tienen otra estrategia que la presunta violencia política de género.
