Sin aval del Congreso, durante el 2016 el Gobierno de Nuevo León contrató 7 créditos de corto plazo para hacerse de 5 mil 200 millones de pesos que utilizó para financiarse durante el primer año del gobierno de Jaime Rodríguez.
Lo grave no es que haya pedido prestado en el primer trimestre del año cuando se supone que es la mejor época para los ingresos estatales por el cobro de los impuestos vehiculares, una situación que por lo menos detona mala planeación y desorden en el manejo de las finanzas estatales.
Es grave pero no tanto que haya pedido dinero a los bancos para pagar deudas o haya utilizado estos recursos –no para inversión productiva- sino para cubrir gasto corriente, que está prohibido por la Constitución.
El Estado tuvo que pagar casi 100 millones de pesos de intereses por este dinero prestado.
Lo verdaderamente grave de lo revelado ayer por la Auditoría Superior de la Federación es que el Estado no había podido -hasta el mes de septiembre de este año – explicar en qué se gastó 250 millones de pesos del dinero que pidió prestado en el 2016.
Por este probable quebranto la ASF pidió iniciar un procedimiento de responsabilidad en contra de los funcionarios de la Tesorería de Nuevo León, que encabeza Carlos Garza.
El destape de Chefo
Es tiempo de destapes y en los próximos días Zeferino Salgado anunciará su decisión de buscar por segunda vez la Alcaldía de San Nicolás.
En el 2018 el PAN de Nuevo León no quiere sorpresas y pretende postular a perfiles con experiencia que les garantice al menos mantener las posiciones que tienen actualmente en Nuevo León.
Salgado, jefe del Grupo San Nicolás del PAN, ya fue alcalde de este municipio metropolitano entre el 2006 y 2009, para luego desempeñarse como delegado federal de la SCT.
Este asunto genera un problema interno en el PAN, porque la decisión de Chefo choca con la intención del actual alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, de buscar la reelección.
Cadereyta, bomba de tiempo
Por más que la Procuraduría del Estado intente dilatar la investigación, por más que la Comisión Estatal de Derechos Humanos la haga de “tapadera”, la masacre de reos ocurrida en el Penal de Cadereyta hace 20 días es una bomba de tiempo para la administración estatal.
No hay explicación alguna –salvo el encubrimiento oficial- que hasta la fecha no haya ningún funcionario estatal ni elemento policiaco investigado como indiciado por la muerte hasta el momento de 18 reos en este reclusorio.
Es lamentable el papel de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco, quien sigue metiéndole trabas a las declaraciones de los familiares de los internos fallecidos el 10 de octubre pasado.
¿Qué está esperando la ombudsman estatal? ¿Qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos tome la investigación y exhiba su relación cercana con Manuel González, secretario general de Gobierno? O algo peor: que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordene un grupo investigador?
