Una de las ventajas de la alternancia en el poder consistía, según nuestros paisanos, en la posibilidad de que los gobiernos entrantes esculcaran los bolsillos de los salientes y no solo ello, sino que se haría hasta lo imposible para exhibir desfalcos, peculados, desviaciones de recursos, obras millonarias existentes solo en el papel, deudas espurias, nóminas abultadas saturadas de empleados fantasmas, entre otros delitos tan comunes en las esferas políticas. En los casos de Nuevo León, Coahuila y Veracruz no era de esperarse cambio justiciero alguno porque José Natividad, Humberto Moreira y Fidel Herrera, entre otros tantos más, se aseguraron que incondicionales de ellos, integrantes de la misma pandilla, los sucedieran en el cargo y les cubrieran las espaldas, las carteras y las imágenes públicas. Les funcionó. La impunidad quedó garantizada. Los atracos y los delitos por enriquecimientos inexplicables ni siquiera serán archivados a falta de denuncia alguna, en tanto las sociedades agasajan a los pillos, con lo cual desaparece también la sanción social.
¿A qué se deberá la ausencia de persecusiones de los jefes actuales del Ejecutivo, que deberían haber iniciado las acciones legales al día siguiente de su acceso al poder? Muy sencillo: si dichos gobernadores, entre otros tantos más, decidieran encarcelar a quienes les antecedieron en el cargo, en ese mismo instante estarían suscribiendo su sentencia de muerte política y civil. ¿Por qué? Pues porque al término de su mandato enfrentarían un arreglo de cuentas entre rufianes, lo cual implica que los anteriores acusadores se convertirían en acusados por otras mafias resentidas de políticos.
Al no perseguir a nadie ni denunciar ningún peculado por más flagrante que este haya sido, al guardar silencio y voltear para otro lado, el mandatario en turno estará comprando, con su inacción penal, la complicidad necesaria que le permitirá convertir las arcas del Estado en un nuevo botín. El nuevo delincuente se habrá convertido en un intocable en términos implícitos.
Arturo Núñez, el actual gobernador de Tabasco, se atrevió a denunciar públicamente a Andrés Granier y lo acusó de la quiebra de las arcas estatales en una de las entidades federativas más pobres del país, muy a pesar de sus enormes recursos naturales. Con su actitud el gobernador Núñez está demostrando que no llegó a la gobernatura a robar ni teme en el futuro, por lo tanto, las represalias de las mafias priistas tabasqueñas o no, resentidas por la exhibición pública de uno de sus presuntos secuaces.
Es claro que el ejemplo patriótico de Núñez debe cundir a lo largo y ancho de un país que clama por la justicia desde la primera noche en que comenzó la historia. ¿Y la sociedad anestesiada y los congresos cómplices de Oaxaca, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, no van a denunciar la sustracción alevosa del tesoro público?
Otro sí digo: solo espero que Núñez, el héroe, tenga bien armada su estrategia legal, para que su denuncia no se caiga en las escaleras de los juzgados penales…