Arquidiócesis de Monterrey y la apropiación de terrenos: escasez de espacios verdes y públicos

De los comodatos que los gobiernos locales en Nuevo León dan a diversos actores locales, destacan aquellos otorgados por la administración municipal de Monterrey y la estatal de dicha entidad a la Arquidiócesis local, para construir el proyecto Memorial de la Misericordia.

Esa iniciativa de predominante base católica se ubica en la histórica colonia Independencia, por lo alto del Cerro de la Loma Larga, al interior de terrenos públicos con una belleza paisajística única en toda la metrópoli de Monterrey.

Ahí y en un día despejado, la mirada llega hasta la Sierra Papagayos, en Ramones, Nuevo León, o más allá de Cuesta de Mamulique, en los límites sureños de Salinas Victoria; también se divisa todo el Cañón del Huajuco o la completa extensión de la Curva de Monterrey en la Sierra Madre Oriental: espacios públicos con paisaje de profunda belleza por donde se le vea.

La Arquidiócesis ha hecho pública la difusión de esa obra, destacando la construcción de un centro comunitario, esculturas religiosas y la promoción del credo asociado a esa jurisdicción creyente. En un entorno común que administrativamente respeta la libertad de cultos y su práctica generalizada, el Memorial de la Misericordia no tendría mayor relevancia que la dada por la población simpatizante y su iglesia, pero la perspectiva cambia cuando se requiere la cesión de terrenos públicos para la realización de actos profundamente privados y alejados de la utilidad pública.

Aunque el comodato de terrenos públicos para proyectos privados es una práctica común en el deporte, la religión o la recreación, siempre tiene aspectos adversos hacia la vida pública que vuelven necesaria la reflexión sobre la pertinencia de esa práctica y la actualización de los criterios sobre los cuales debe desarrollarse.

Un aspecto fundamental tiene que ver con el impacto de esta práctica en el derecho humano al medio ambiente sano, materializado en la existencia de áreas verdes públicas suficientes y de calidad. Es el caso de los asentamientos existentes en la colonia Independencia (Monterrey), la cual tiene un profundo déficit de parques, con menos de un metro público por habitante.

Comparando esta carencia con el regalo de terrenos públicos de los gobiernos locales hacia la Arquidiócesis de Monterrey, es natural entender que con ese comodato se cancela toda posibilidad de revertir la insuficiencia ambiental, porque los únicos terrenos donde esto sería posible ahora están bajo el control de la iglesia católica local. Los gobiernos de Monterrey y Nuevo León tuvieron con ellos la base fundamental para habilitar espacios verdes en favor de la población de la colonia Independencia, carente de ese tipo de infraestructura, y la cancelaron por dar apoyo a un proyecto privado y religioso, en lo que es un evento más de la promoción de intereses particulares con base en recursos públicos.

La Arquidiócesis de Monterrey, contrario a su difuso discurso ambiental, dudo que pueda presumir de ética ecológica en los avances que tiene el Memorial de la Misericordia.

Aunque cuentan con una autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, construyeron parte de la infraestructura de ese proyecto fuera del polígono autorizado por esa administración estatal. Lo que representa un hecho que infringe los lineamientos de la Ley Ambiental de Nuevo León fue denunciado por habitantes de la colonia Independencia en la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, sin que hasta hoy esa dependencia del gobierno de Samuel García haya hecho actuaciones contundentes que sancionen el incumplimiento de las regulaciones estatales de impacto ambiental, cancelando así las exigencias locales de justicia ambiental, sanción de un hecho contrario a la sustentabilidad y la restauración de los ecosistemas afectados por las obras realizadas sin autorización e impulsadas desde la máxima jerarquía de la iglesia católica de Monterrey.

Los incumplimientos ambientales de la Arquidiócesis también tienen ocurrencia en el ámbito municipal. Públicamente exhibieron una autorización del Gobierno de Monterrey para justificar las obras físicas y desmontes necesarios en la construcción de una explanada. Sin embargo, parece que obviaron realizar lo correspondiente ante la administración de San Pedro Garza García, donde se ubica al menos un 20 por ciento de esa obra, sin haber mostrado en el sitio afectado las indispensables licencias emitidas desde la alcaldía representada por Miguel Treviño. Esto hace obligatorio que las instituciones sampetrinas de medio ambiente y desarrollo urbano realicen acciones de inspección para evaluar los daños realizados, su sanción y restauración.

Como asunto fundamental está la atracción que ejerce el territorio de la colonia Independencia para los intereses inmobiliarios, que requieren el desplazamiento dirigido de sus habitantes para poder acceder a la urbanización de sus espacios. Ya lo han intentado lateralmente con el proyecto de interconexión vial entre los municipios de Monterrey y de San Pedro Garza García, que fue cancelado en el contexto de una fuerte oposición vecinal; también desde la óptica de la planificación territorial, donde el gobierno municipal de la capital de Nuevo León, en el plan municipal de desarrollo urbano contempla dos vialidades centrales que atraviesan la colonia y llevan justo al proyecto del memorial, con el forzoso desplazamiento de cientos de familias que se ubican en el trazo del proyecto vial; y con la autorización desde el gobierno federal mexicano para la construcción de torres con departamentos en la totalidad de los espacios del Cerro de la Loma Larga sin urbanizar.

En resumen, la apropiación territorial de la Arquidiócesis ha generado diversos impactos negativos en la colonia Independencia, entre ellos la cancelación de la posibilidad de revertir la carencia ambiental en la zona debida a la falta de espacios verdes públicos suficientes. Además, de comprobarse que la institución ha incurrido en incumplimientos ambientales, construyendo fuera del polígono autorizado y sin algunos permisos municipales, se vuelve fundamental que las autoridades locales tomen medidas para sancionar estas acciones y garantizar la justicia ambiental en la comunidad de la colonia Independencia.

Twitter: @tonyo_hernandez