Tan es así, que no atiende los aspectos centrales que motivaron y pueden leerse en el nuevo texto constitucional. De entrada cabe recordar que el texto de la Carta Fundamental según ésta se aprobara en el 17, decía -de manera ingenua- que en la República Mexicana no habría monopolios, aunque en aquel entonces surgió la frase en medio de la devastación, como un desiderátum procedente del vecino del norte.
Profunda genética monopólica, patente desde nuestro pasado indígena en el cual campeaban señores absolutos dueños de todo, que solo fueron sustituidos por virreyes y presidentes. Sí, somos una nación en la que lo único real y constante ha sido la lucha entre los dueños del dinero y los que dicen ganar elecciones, pero aun así hay quien piensa que las reformas antimonopólicas son la prioridad.
Con esa raigambre, hoy se envuelven los políticos en la bandera de una lucha sin tregua en contra de las empresas que han podido descollar de entre el montón de proyectos fallidos que llenan el país, surgidos de un paternalismo comercial enraizado durante ochenta años. Detrás están más las revanchas, rencillas y cuentas por cobrar que una búsqueda por un entorno más competitivo.
Tan es así, que los legisladores no se detuvieron a leer lo que alguien les mandó como reforma constitucional, antes de aprobar la mesiánica legislación secundaria.
Es triste ver como del mare magnum de ideas desarticuladas que abultan ahora el texto del artículo 28 constitucional, no advirtieron los escasos cambios que se introdujeron y no se dieron cuenta que cometieron el mismo error que sus antecesores de mediados de los noventas.
Tras la nacionalización de la banca se modificó -en el 83- el precepto indicado, para ahora sí prohibir los monopolios y los estancos, y algunas de sus expresiones secundarias, como son las prácticas monopólicas, tanto absolutas, como las relativas. Pero ante deficiencias de redacción en la ley del 93, durante algún tiempo se dijo que no había facultades para investigar monopolios y estancos, por lo que continúo como asignatura pendiente su identificación y más aún, su prevención y castigo.
Ahora con bombo y platillo, los pactistas señalaron con precisión que es obligación de la CFCE, el investigar tanto monopolios, como estancos. Sin embargo, el profundo sesgo tecnocrático que construyó a esa Comisión y que aún pesa más que el texto expreso de la Constitución, motiva al organismo a decir que simple y sencillamente solo investigara “prácticas” y no monopolios. Vamos, ni oficina tienen dedicado a ello.
Se les fue a los diputados, ¿será lo mismo en el Senado?