El gobernador Samuel García acudió a pedirle dinero al presidente Andrés Manuel López Obrador para la reconstrucción de los daños ocasionados por la tormenta Alberto.
Y de paso, para salvarlo del problema financiero que vive Nuevo León, calificada como la entidad más endeudada de México, lo que sólo exhibe un mal manejo de los recursos públicos, sin duda,
Según, García pidió 4 mil 810 millones de pesos y, por increíble que parezca, el presidente accedió, especialmente, a otorgar un recurso extra para acabar la presa Libertad, para la que el Gobierno federal ya aportó 2 mil 500 millones y ahora dará más.
Más allá de la ayuda presidencial, no queda claro el cheque en blanco a que se entregará a las constructoras de la CIMC de Nuevo León, quienes financiarán las reconstrucciones de avenidas a una tasa de interés muy alto.
Y aquí la pregunta es obligada: ¿Si ya está resuelto comenzar con reparar los daños de Alberto en que se gastará el dinero federal? Una respuesta que los morenistas de Nuevo León tendrían que averiguar con el presidente.
El nuevo conflicto por nombramiento de fiscal
La Comisión Anticorrupción, que preside el diputado panista, Obed Murga, activó el proceso para nombrar al titular de la Fiscalía General de Justicia.
Pero, este proceso se podría pararse, una vez más, pues el requisito de entregar la carta de no antecedentes penales será fundamental para los aspirantes.
Todo apunta que este documento sea bloqueado por el Poder Ejecutivo, tal como ocurrió el año pasado, donde se cerró esta oficina para evitar entregar este requisito.
Y para muestra que hay negativa de que no se quiere entregar la carta de no antecedentes penales, el pasado miércoles un grupo número de taxistas salieron a protestar por las complicaciones para entregar la carta de no antecedentes penales, un requisito para renovar la licencia.
Existe mucha diferencia entre tener un fiscal o un encargado de despacho, este último tiene muchas limitantes jurídicas, quizás por eso la apuesta de la bancada de MC es continuar que esta Fiscalía siga sin una certeza legal para el desempeño de sus funciones.
