En este sexenio, dominado por un imaginario colectivo que desprecia el dinero, los vuelos privados y todo lo que suene a “burguesía”, los empresarios no suelen ser personas gratas.
Las ventanillas por donde el Gobierno solía atender al sector productivo se encuentran en su mayoría cerradas. Pregunte usted entre sus amigos “fifís” cuántos han logrado obtener citas con funcionarios de Cofepris, por ejemplo, o cuántos han sufrido por “políticas”, “lineamientos” o “criterios” novedosos que los funcionarios del Gobierno federal implementan sin escuchar antes las opiniones de la industria.
Uno de los ámbitos donde las empresas han resentido con mayor fuerza la falta de comunicación con el Gobierno es el normativo, concretamente el que se refiere a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que determinan los estándares en cuestiones de etiquetado, contenido de los productos y hasta el riesgo psicosocial en el trabajo.
El desencuentro más sonado fue el de las modificaciones a la NOM-051- SCFI/SSA1-2010 que impuso un sistema de etiquetado con sellos de advertencia en alimentos y bebidas, prohibiendo el uso de personajes como el Gansito de Marinela y el Tigre Toño. En esta batalla salió a relucir el nombre de Alfonso Guati Rojo Sánchez, director general de Normas de la Secretaría de Economía.
Yo he manifestado abiertamente mi oposición a ese sistema de etiquetado, pero reconozco que su implementación no hubiera sido posible sin una estrategia jurídica destacada, como la que ejecutó la Dirección General de Normas.
Hemos visto cómo otras industrias han logrado detener mediante juicios de amparo reformas implementadas torpemente como la llamada “Ley Eléctrica” de la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nahle. Eso no sucedió con el etiquetado de advertencia, a pesar de que empresas poderosas como Coca-Cola lo intentaron desde el primer momento.
Guati Rojo no es un “chupóptero” de la 4T, su perfil es el de un litigante que decidió incursionar en la burocracia desde el sexenio pasado. Antes de tener puestos públicos ya era conocido en el gremio de los abogados civilistas, dirigía un despacho importante y daba clases de derecho procesal en varias universidades.
Desde su trinchera ha tomado medidas para modernizar el ámbito regulatorio del país, incluido el impulso de la Ley de Infraestructura de la Calidad que sustituyó a una legislación que databa del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Desde octubre del año pasado eliminó diversas excepciones en materia de comercio exterior que permitían a muchas empresas importar productos sin cumplir las Normas Oficiales Mexicanas. Esta medida abrió la caja de Pandora y dejó al descubierto que muchas de las Normas Oficiales de nuestro país son anticuadas e incluso contradictorias entre sí.
Sin embargo muchas empresas han encontrado en la Dirección General de Normas, una “ventanilla abierta” donde es posible exponer la problemática de las normas anticuadas. La Dirección ha emitido diversos oficios confirmando o interpretando disposiciones oscuras que impiden el flujo comercial en aduanas.
Con la entrada en vigor de todas las disposiciones en materia de etiquetado de alimentos y bebidas, será crucial que la Dirección General de Normas y la Secretaría de Salud auxilien en la interpretación de conceptos vagos como la prohibición de personajes “dirigidos a niños” o la aplicación de la norma a los envases retornables. Hacemos votos porque este canal se mantenga abierto y otros más sigan su ejemplo.
