En este espacio le comentamos sobre la decisión de la autoridad de solicitar a Banco Actinver a cumplir con las medidas prejudiciales dictadas en su contra, incluido el pago de reservas por mil millones de pesos por el juicio contra el empresario Rafael Zaga Tawil. Esto, luego de recibir un ultimátum de tres días del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para acatar las medidas cautelares y así hacer frente a la potencial condena dictada en su contra, el grupo financiero afirmó que el amparo en contra de esta sentencia sigue pendiente de resolución, además de tener la intención de defenderla en todas las instancias. En un nuevo comunicado difundido por el equipo del empresario Zaga Tawil, revelaron que en efecto la institución bancaria fue notificada a través de su representante legal el 29 de agosto, cuando la Secretaria Actuaria, Ernestina Brito Salgado, adscrita al Juzgado Septuagésimo Tercero de la Civil, acudió al domicilio que fue proveído por Actinver, entregando el aviso a Lina González Nava, empleada del despacho que funge como representante legal del banco.
Pero además los demandantes señalan un nuevo intento, dicen, de manipulación al público inversionista por parte de Actinver, al hacer creer que la división fiduciaria es una persona moral distinta a la Institución de Crédito a la que pertenece, lo cual fue desmentido por el 10° Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito en el expediente Q.C. 46/2023. El comunicado concluye recordando que Banco Actinver nunca obtuvo una sentencia que le concediera el amparo en contra de las medidas cautelares prejudiciales en su contra, por lo que éstas subsisten al día de hoy, adjuntando del mismo modo la cédula de notificación expedida por el Poder Judicial de la CDMX. Ya le informaremos más de este caso.
Chiapas y sus Puentes
Al sur del país parece complicarse cada vez más la resolución de la constructora que edificará el “Circuito Interior Chiapas de Corazón”, y es que además que la obra calculada en más de 2 mil millones de pesos acumula cada vez más rechazo social, el veredicto fue pospuesto de nueva cuenta para este 4 de septiembre. De acuerdo con documentos de la Secretaría de Obras, que lleva Ángel Torres, el fallo de la adquisición SOP-907005975-E15-2023 se daría a conocer el pasado 25 de agosto, no obstante, fue aplazado en primera instancia para este viernes 1, pero llegada la fecha se reprogramó para este lunes a las 2 de la tarde.
Así, todo indica que la administración comandada por Rutilio Escandón analiza cada vez más proceder o no, y es que se ha mantenido firme su desarrollo a pesar que hay más de 40 amparos para frenar su inicio, que existe una medida judicial para que no concrete momentáneamente, sin olvidar que colectivos como ‘Menos puentes más ciudad’ piden que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Norma Piña. El llamado, sin duda es para que las inversiones se dirijan hacia proyectos que sean prioritarios y pongan al centro las condiciones y necesidades de los ciudadanos. En tanto, queda de manifiesto que Coyatoc Construcciones en participación conjunta con Operadora y Desarrolladora Nao-Oquil, entre otras, tomarían en sus manos la edificación, sobre todo porque no hay otra opción para elegir.
Lazos peligrosos
Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en reflector los veredictos poco imparciales en que cae el sistema de justicia mexicano, habrá que voltear a ver al Poder Judicial del Estado de México, en manos de Ricardo Alfredo Sodi, y es que en más de una esfera se comenta que personajes con nexos al antiguo priísmo reciben trato especial, uno de los ejemplos sería el secretario de Desarrollo Económico local entre 1987 y 1989, Jorge Alfaro Sánchez, quien además ha fundado una serie de razones sociales para vender inmuebles en la entidad junto con el exsecretario de Medio Ambiente federal, Juan José Guerra Abud, en el sexenio pasado.
En el haber de Alfaro Sánchez resalta Palmas Integra Group, con el que maneja una serie de negocios de múltiples aristas, una de ellas enfocada a casas de empeño como Bazaar y Monte Providencia, en las que acumula quejas por errores de cobro, impagos por perder artículos, o por incumplimiento de las garantías pactadas.