Acaparamiento y privatización del agua en Monterrey

Parte de la comunicación política del gobierno de Nuevo León sobre cuál sector de la sociedad consume más agua en Monterrey ha sido construido para -conscientemente o no- debilitar y ocultar la responsabilidad de las explotaciones del líquido realizadas por las grandes industrias de la ciudad.

Uno reciente es el Plan Hídrico Nuevo León 2050, donde establecen que el 71% del agua en Nuevo León se encuentra asignado al sector agrícola, el 25% al abastecimiento para consumo humano, y en el fondo de las proporciones, la industria con un 4%. Las estimaciones fueron realizadas con base en el universo de agua concesionado por la Comisión Nacional del Agua (CNA, Conagua) en la entidad.

Las evaluaciones, que se pueden considerar de certeza aceptable, han sido adoptadas de manera generalizada por el gobierno de Nuevo León y por algunos medios de comunicación locales, como fuente confiable de información para informar quién gasta más agua, y con ello, implícito, definir la responsabilidad que eso conlleva. Y esto no tendría mayor relevancia -citar fuentes aceptablemente sólidas de información- si no fuese realizado con sesgos o con falta de lectura crítica de esos resultados.

Esas dos últimas perspectivas tienen vigencia cuando el gobierno de Nuevo León extrapola los porcentajes de consumos en toda la Zona Metropolitana de Monterrey, como si fuesen elementos de un mismo contexto territorial y de explotación del agua. Hacerlo de ese modo tiene como efecto indeseado que en la opinión pública y en la gestión de las instituciones públicas se quede la percepción de que en Monterrey la industria consume solo el 4% del universo total, y con ello se diluye su responsabilidad en la gestión del recurso con una perspectiva de ser más eficientes en sus explotaciones, que deriven en la disponibilidad de más volúmenes estables que sean destinados para los consumos residenciales.

Aunque sería lógico no hacerlo, el gobierno de Nuevo León extrapola los resultados sobre los porcentajes de consumo de agua en todo el estado a la Zona Metropolitana de Monterrey. Y es que no hay correspondencia entre la concesionada a toda la entidad y la asignada en la metrópoli regiomontana. La diferencia es concluyente, porque de las 12 mil 683 concesiones estimadas que existen en todo el estado, solo 4 mil 187 (33% del total) se ubican en la región conurbada a la capital estatal.

Entonces, para determinar las proporciones relacionadas con los consumos en Monterrey vinculadas con sus respectivos sectores, se tendría que hacer, naturalmente, con base en los volúmenes concesionados solo en esta delimitación geográfica y no en todo Nuevo León como hoy se hace. Determinar evaluaciones con esos criterios nos da resultados más certeros y que contradicen el discurso oficializado en los últimos años.

El mismo ejercicio del Plan Hídrico aplicado exclusivamente en la Zona Metropolitana de Monterrey define que el consumo doméstico tiene asignado el 43% del total concesionado por la CNA, las explotaciones industriales el 32% y las actividades agropecuarias el 25%.

Las diferencias por comparación entre el contexto territorial y el metropolitano son reveladoras, porque el porcentaje de la industria aumenta de un 4% al 25%, los usos agrícolas bajan del 71% al 25% y el consumo doméstico aumenta del 25% al 43%, respectivamente. La información de las proporciones del consumo en la ciudad es relevante, porque define responsabilidades y prioridades en la gestión responsable del agua.

Un compromiso prioritario es definir los mecanismos para que los consumos residenciales se reduzcan de manera sensible, y la política pública del tema para Nuevo León establece adecuadamente que sea a través de un programa de cultura del agua. Esto se trata de una estrategia focalizada a los usuarios residenciales, que si es llevada de manera exitosa, puede resultar en reducciones en el uso de hasta un 7% (9 millones de metros cúbicos anuales). Esa cifra se trata del máximo de ahorro posible que puede aspirar la sociedad regiomontana y el gobierno de Nuevo León, si estructuran de manera adecuada la política referida. Hoy la experiencia ha sido de fracaso, porque las mismas cifras oficiales establecen que la administración estatal ha gastado hasta 1.9 mil millones de pesos en ese tema sin haber logrado las necesarias economías en el consumo.

En el otro aspecto -las explotaciones industriales- hay opacidad. La información disponible de manera pública validada por la CNA son los títulos públicos de concesión y a partir de eso quedan evaluaciones aisladas que no son puestas bajo la revisión pública generalizada, que permitan establecer conclusiones certeras.

Es común el discurso empresarial donde dicen que han sido eficientes en sus explotaciones de líquido para sus negocios, sin abrir de modo claro las cifras y procesos de sustento. Asumiendo que fuese verdadera la comunicación del capital local, eso abriría un camino exitoso para poner disponible más agua de uso industrial para consumo humano, mediante el proceso de actualización de concesiones previsto en la ley de aguas, en donde un titular que consume menos volumen del que tiene concesionado debe hacer el correspondiente ajuste a su realidad de extracción. Implementar esa acción administrativa alineada con las economías en la explotación industrial son dos bases de una perspectiva deseable.

Lo concluido por el análisis de las concesiones en Monterrey refleja un acaparamiento del agua para intereses privados (industria y usos agropecuarios), que involucran un 57% del total, por encima del 43% dedicado para el consumo humano.

Esta desigualdad tuvo un aspecto visible durante la crisis en el desabasto ocurrida en el 2022, cuando los establecimientos industriales no padecieron de manera significativa la carencia de hace un año, focalizando su visión hacia si debían o no compartir el líquido de los pozos que tienen en concesión para el uso de la población impactada por la falta de agua en sus hogares: en solidaridad, el aporte industrial local nos quedó a deber de modo significativo.

En el fondo, la gestión del agua por los gobiernos en Nuevo León debe orientarse a priorizar el abastecimiento humano sobre cualquier escenario, y los mecanismos para lograrlo están determinados en sus documentos de política pública aquí referidos. El crecimiento industrial en Monterrey debe pasar por la disponibilidad de agua resultante de extracciones eficientes y el empleo de aguas tratadas, que no genere disputa con el uso residencial. Y de manera fundamental, se requiere ampliar la mirada en la gestión a todo Nuevo León, donde regiones en el sur y norte de la entidad tienen históricas carencias definitivas en el acceso, como las que se vivieron en Monterrey durante el 2022.

Anexos:
Descarga de las concesiones de agua subterránea en NL

Twitter: @tonyo_hernandez