Venezuela: CIDH llama al gobierno de Nicolás Maduro a respetar derechos humanos de opositores

El gobierno de Venezuela no responde a las peticiones de protección de los derechos humanos, así lo informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La organización detalló que desde el proceso electoral del 28 de julio de este año, ha adoptado resoluciones de otorgamiento, ampliación, modificación y seguimiento a favor de personas que se encuentran en riesgo, según los términos del artículo 25 de su reglamento.

A su vez, la Comisión le solicitó al Estado venezolano la protección inmediata de los derechos humanos e integridad personal de más de 40 personas; sin embargo, “no ha respondido ni las ha implementado, pese al grave riesgo que enfrentan en el contexto actual”.

“La actuación del gobierno es percibida por las organizaciones defensoras de derechos humanos como intimidatoria. Lo ocurrido se enmarca en un contexto de severa degradación del Estado de Derecho, donde no existe separación ni independencia de los poderes públicos”, se detalla en un comunicado emitido por la CIDH.

Desde que Nicolás Maduro aceptó la victoria electoral tras darse a conocer los resultados por el Consejo Nacional Electoral, que arrojó 51.95 por ciento de los votos en favor del oficialista contra 43.18 por ciento de Edmundo González, el gobierno se abocó a su festejo e inició una opresión total a quienes no respaldaron su reelección.

Mientras que el Consejo Nacional Electoral ignoró los llamados internacionales para publicar las actas que comprobaran la victoria de Maduro, los opositores del izquieridsta se refugiaron al interior del país y otros pidieron exilio por el riesgo de ser detenidos.

Tan solo en la Embajada de Argentina en Caracas se encuentran seis personas que conformaban parte del equipo de la líder opositora María Corina Machado, a quienes el Estado les corta la electricidad y acorrala desde las afueras de la sede diplomática con elementos de seguridad.

Ante la situación que vivían los opositores refugiados en la Embajada de Argentina, y protegida por el gobierno de Brasil, la CIDH documentó un patrón de persecución judicial y detenciones arbitrarias con el objetivo de impedir la asociación y participación política.

“El Estado debe poner fin a la persecución política, emitir salvoconductos a las seis personas asiladas, y liberar inmediatamente a todas las personas privadas de su libertad arbitrariamente”, enfatizó la organización humanitaria.

Canadá y Colombia se suman al llamado por los derechos humanos en Venezuela

A las acciones impartidas por el Estado venezolano y señaladas por la CIDH, diversos países se posicionaron en favor de los derechos humanos de la ciudadanía venezolana, como Canadá, que impuso sanciones económicas a funcionarios del país petrolero por fraude electoral.

De acuerdo con las autoridades canadienses, la medida busca “respetar la voluntad del pueblo venezolano” y añadir presión sobre el madurismo.

“Las sanciones también tienen como objetivo disuadir a las autoridades de tomar más acciones que violen los derechos humanos de los manifestantes, periodistas, líderes de la oposición y otros miembros de la sociedad civil”, se lee en el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.

Colombia también se sumó a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y, a través de su Cancillería, llamó a las autoridades venezolanas a apegarse a los principios del Derecho Internacional, sobre todo por ser el Estado costeño un país de tránsito y acogida para millones de migrantes venezolanos.

“Respetando plenamente la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano, Colombia continuará insistiendo en la necesidad de proteger y garantizar los Derechos Humanos en todos los espacios, al tiempo que apoya de buena fe los esfuerzos internos y multilaterales orientados a la paz política y la estabilidad en la región”, remarcó el Ministerio de Exteriores.

Los opositores, periodistas y extranjeros oprimidos por el régimen de Maduro

De acuerdo con la CIDH, entre las personas que requieren de protección en Venezuela al encontrarse en “riesgo de daño irreparable a sus derechos” están Edmundo González y María Corina Machado, el primero exiliado en España al haber riesgos de detención en su país, y la segunda señalada por traición a la patria e inhabilitada políticamente por 15 años.

Williams Dávila, exdiputado opositor y con desconocimiento de su paradero, también está considerado dentro de la lista de la CIDH para salvaguardar sus derechos, así como Delsa Solórzano, política y abogada, y Rolando Carreño, un periodista detenido en tres ocasiones, las dos primeras por presunto terrorismo.

Los periodistas Ana Carolina Guaita y Eleanger David Navas Vidal, la primera llevada a juicio por acusaciones de odio, terrorismo y obstrucción de la vía pública, y el segundo detenido bajo la Ley Orgánica contra el Terrorismo, representan solo a una pequeña parte de los comunicadores que expresan de acuerdo al gobierno.

Los ciudadanos extranjeros también han sido víctimas del régimen madurista, como Jan Darmozal, un reservista activo del 43° Regimiento de Paracaidistas del Ejército de República Checa que fue detenido en territorio venezolano por una acusación de intento de desestabilización y de planificar el asesnto de representantes políticos. Dos españoles y tres estadounidenses también fueron arrestados por las mismas razones.