No se espera que la infanta y su esposo digan una sola palabra durante los primeros días del juicio
Las visitas que solía hacer la infanta Cristina de España a la isla mediterránea de Mallorca significaban estadías lujosas en el Palacio Marivent, en la costa, pero la hermana del rey Felipe VI no se acercará siquiera a la residencia veraniega de la monarquía en un viaje esta semana.
En cambio, la princesa de 50 años y su esposo enfrentarán protestas antimonarquía y hordas de reporteros y camarógrafos cuando ingresen a un tribunal improvisado, donde ella hará historia al convertirse, delante de millones de televidentes, en el primer miembro de la realeza española en enfrentar cargos penales desde la reinstauración de la monarquía en 1975.
Al final de un juicio por fraude fiscal que se espera dure seis meses, la infanta pudiera enfrentar hasta ocho años de prisión si un panel de tres jueces concluye que la pareja usó una firma consultora de bienes raíces descrita en documentos judiciales como “una fachada” para financiar un estilo de vida exuberante, incluso fiestas en su mansión en Barcelona, clases para bailar salsa y vacaciones en hoteles caros.
Hay más acusados
Cristina y su esposo, el medallista olímpico de balonmano vuelto empresario Iñaki Urdangarin, estarán en el banquillo de acusados junto con otras 16 personas en el caso, que se centra en acusaciones de que Urdangarin usó su título de Duque de Palma para malversar unos seis millones de euros en contratos públicos a través del Instituto Noos. Esa es la entidad sin fines de lucro que él estableció con un socio de negocios para organizar seminarios y actos deportivos como atracción turística.
Las presuntas maquinaciones involucraron algunos eventos que nunca se realizaron o fueron cobrados a tasas inusualmente elevadas durante el auge económico de España, antes del estallido de la crisis financiera en 2008. Parte del dinero fue a parar a la compañía de bienes raíces Aizoon, que pagó por gastos personales para la pareja: algo que debía haber sido declarado a las autoridades fiscales, pero no lo fue. (AP)
